Bajo presión
A pesar de la repetición de que el periodismo es una profesión de alto riesgo, no queda claro si se entiende qué significa vivir en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el oficio. Cada 14 horas, en México, un periodista es agredido por el simple hecho de querer informar. No son sólo cifras, son rostros, historias, que se repiten año tras año. Los cambios de gobierno y las eternas promesas de transformación han quedado en palabras huecas, el país sigue siendo uno de los más letales del mundo para la prensa.
De acuerdo con el Informe Sombra sobre la libertad de prensa en América Latina, elaborado por la Red Voces del Sur con información de Artículo 19, en México se registraron 639 alertas contra la libertad de prensa, un aumento del 13.9% respecto al año anterior. En toda la región, la red documentó 3,766 alertas en 17 países, relacionadas con agresiones, censura y exilio forzado de periodistas.
Durante 2024 fueron asesinados 14 periodistas, se registraron 4 desapariciones forzadas, 8 secuestros y 12 casos de tortura. México, Honduras y Colombia encabezan la lista de los países más letales.
México acumuló más alertas que cualquier otro país de América Latina. Según el informe, “el Estado se consolidó como el principal agresor contra la prensa, acumulando el 44.9% de las alertas registradas”. Los funcionarios públicos protagonizaron más de dos tercios de los casos, incluidos alcaldes, jueces y policías, seguidos por fuerzas civiles y militares. El uso abusivo del poder estatal se disparó de 11 a 82 casos en un solo año, un aumento del 645%. No es un error estadístico, es la violencia institucionalizada.
El último año de López Obrador y los primeros meses de Claudia Sheinbaum confirmaron una tendencia que ya suma más de una década: el Estado no solo ha sido incapaz de proteger a quienes informan, sino que se ha consolidado como su principal agresor. Más del 44% de los ataques provinieron de servidores públicos. Alcaldes, policías y jueces aparecen junto a los criminales, pero con una diferencia decisiva: los primeros actúan bajo el amparo de las instituciones.
Durante el proceso electoral de 2024 se concentró casi la mitad de las agresiones. En apenas cuatro meses se registraron 286 alertas, muchas derivadas de discursos estigmatizantes y restricciones al acceso a la información pública. Cuando más se necesita información verificada, más se persigue a quien la produce.
Cinco periodistas fueron asesinados. Todos cubrían temas de seguridad, justicia o corrupción. El caso de Mauricio Cruz Solís, ejecutado en Uruapan tras denunciar amenazas por sus coberturas en vivo, resume esa intersección letal entre el poder político, el crimen y la indiferencia institucional. Ninguna investigación ha derivado en justicia.
En este contexto, cada quien busca su refugio: omitir la firma, evitar ciertos temas, callar por precaución. La autocensura se ha convertido en un mecanismo de supervivencia, con consecuencias devastadoras. Cuando el miedo gana, la sociedad pierde su derecho a saber.
El ciclo de impunidad está tan arraigado que la violencia contra la prensa se repite como un ritual burocrático. Los gobiernos cambian, los discursos se ajustan, pero la estructura permanece intacta. La impunidad no solo protege al agresor: lo educa.
Claudia Sheinbaum sostiene que en México existe libertad de expresión “al máximo” y que su gobierno no promueve la censura. Es cierto que el tono de la presidenta difiere al de su antecesor, pero el aparato sigue siendo el mismo. El Estado continúa actuando con la lógica del hostigamiento y la omisión. Ya no hace falta la descalificación diaria desde el púlpito para entender que el mensaje sigue siendo idéntico: el periodismo crítico es un enemigo.
Más grave aún es el silencio ante las agresiones de los suyos. Ni una palabra frente a los ataques de la gobernadora Layda Sansores, que desde su programa semanal estigmatiza periodistas, ni una condena ante los atropellos del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, contra reporteros locales. El silencio presidencial se convierte en complicidad. López Obrador legitimó la confrontación mediante el discurso; Sheinbaum lo hace mediante la omisión.
El resultado es el mismo: un clima de intimidación sostenido por el poder. La retórica de la transformación no alcanza para disimular que el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor de la prensa. Y lo más preocupante es que el nuevo gobierno parece dispuesto a conservar ese rol como parte del orden natural.
Si el Poder Judicial continúa actuando como cómplice y no como garante, si las autoridades siguen negando lo evidente y maquillando la represión con retórica moralista, la democracia mexicana continuará desmoronándose. Un país que agrede a sus periodistas es un país que renuncia a escucharse.
La violencia contra la prensa en México no es un accidente ni un problema aislado de seguridad: es una política de Estado tácita. Al consolidarse como su principal agresor y perpetuar la impunidad, el gobierno en sus tres niveles envía un mensaje devastador: el periodismo crítico tiene un costo que nadie está dispuesto a pagar.
La autocensura que se extiende por las redacciones y los desiertos informativos que crecen en los estados son la prueba de que el miedo está cumpliendo su función. La ciudadanía, al final, es la gran damnificada: pierde la brújula de la verdad y el contrapeso esencial para su democracia.
La autocensura es el triunfo final de los agresores. No se puede permitir que el miedo se instale como única política de supervivencia. La defensa del periodismo no es solo una causa gremial, sino una responsabilidad democrática. Cada nota que no se escribe, cada reportaje que se evita, representa un derecho a saber que se le arrebata a la sociedad.
¿De qué sirve presumir que la libertad de expresión está al máximo, cuando por miedo, se elige el silencio? El verdadero desafío para México está en desmontar la estructura de violencia institucional que obliga a callar. No se puede permitir que la sociedad pierda el derecho a saber. Si el periodismo calla, la democracia también.
Coda. Una prensa silenciada es una nación que ha dejado de contarse a sí misma. Si el miedo dicta lo que se publica, la verdad deja de tener país.
