En estos tiempos
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, semanas después el del líder limonero de Michoacán, meses antes la maestra asesinada en Veracruz, el alcalde decapitado cuya cabeza apareció sobre el toldo de un vehículo… y, en el cuadro más amplio, once alcaldes asesinados en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum. Son nombres, imágenes y cifras que forman ya un patrón: vidas arrancadas, cuerpos expuestos, territorios donde el Estado llega tarde o no llega. Son, sobre todo, historias concretas de familias destrozadas que nadie debería trivializar ni convertir en otra estadística más.
Durante dos décadas hemos presenciado una sucesión de atrocidades que, en otros contextos, habrían forzado transformaciones profundas. San Fernando, Villas de Salvárcar, Ayotzinapa, las fosas que aparecieron en Durango y Veracruz, los centros de exterminio que salieron a la luz en Jalisco: episodios que debieron marcar un antes y un después en la relación entre sociedad y Estado. Sin embargo, la memoria colectiva se ha ido haciendo frágil y la urgencia se fue diluyendo en el tiempo. Hoy la violencia ya no sorprende como antes; nos golpea con regularidad y, con el tiempo, la conmoción se apaga.
Nos acostumbramos a lo intolerable: al cobro de piso, a la extorsión, al robo en el transporte público, al levantón, a la muerte. Esa normalización es la derrota moral más grave. La tensión cotidiana entre miedo e indiferencia alimenta una atmósfera donde la impunidad encuentra su caldo de cultivo.
El crimen organizado dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en una forma de gobierno paralela. En muchas regiones funciona como autoridad de facto: regula economías locales, impone “derechos de piso”, controla territorios, designa o ajusta autoridades municipales, y castiga a quien se opone. Ese entramado es sostenido por el miedo y por la certeza de que, en demasiados casos, la sanción no llegará. No es ya solo un desafío policiaco; es una fractura de la gobernanza y del pacto social.
Que la política de seguridad cambie de énfasis —de los abrazos a la aplicación de la fuerza— es una discusión relevante; pero el cambio de discurso no se traduce automáticamente en seguridad cotidiana. Los ciudadanos siguen siendo víctimas: comerciantes que cierran por las noches, jornaleros que sienten el acecho, padres que llevan a sus hijos con recelo a las plazas. Revertir la dinámica exige mucho más que ajustes retóricos: exige capacidad investigadora, coordinación institucional, política criminal coherente y, sobre todo, voluntad para enfrentar los intereses que protegen la ilegalidad.
Tocar fondo debería implicar una reacción colectiva y sostenida. No basta con la indignación viral de un día; se requiere un frente social amplio donde participen todos los sectores: poderes públicos serios, organismos autónomos vigilantes, medios responsables, universidades que produzcan evidencia, empresas que rompan connivencias y organizaciones sociales que acompañen a las víctimas. Esa alianza no es un gesto simbólico: es práctica política necesaria para reconstruir la confianza. Un frente común puede presionar para que las investigaciones no se diluyan, para que las políticas de prevención atiendan las causas estructurales —pobreza, ausencia de justicia, corrupción— y para que los poderes —federales, estatales, municipales— asuman responsabilidades concretas y verificables.
Exigir justicia no es un acto de revancha sino de humanidad. Reparar implica investigaciones transparentes y sanciones efectivas; implica medidas de protección a víctimas y testigos; implica también programas de reconstrucción social en zonas donde el tejido comunitario fue minado por el crimen. Si los distintos actores sociales no se comprometen de forma sostenida, la respuesta queda fragmentada y el crimen aprovecha los vacíos.
No es momento de cálculos partidistas ni de atribuciones sobre quién tuvo la culpa en qué sexenio. No importa si los muertos “son de Calderón” o “son de AMLO”: los muertos son madres que pierden a sus hijos, hijas e hijos que pierden a sus padres, hermanos que dejan de ser hermanos. Eso debería bastar para que nos levantemos todos —gobierno, medios, iglesia, empresas, universidades y ciudadanía— y digamos con hechos que no vamos a tolerar que la normalidad sea la sangre. Ocupémonos, pues, de los que aún no están muertos: protejamos a quienes hoy caminan en riesgo, fortalezcamos las instituciones y recuperemos la dignidad del vivir en común. Si no lo hacemos ahora, mañana será demasiado tarde.
