Intersecciones en Clave de Género
El huachicol fiscal también golpea al tejido social
El fenómeno del huachicol fiscal —esa modalidad de contrabando y evasión de impuestos sobre combustibles que ya no sólo se basa en tomas clandestinas, sino en redes estructuradas de corrupción, tráfico internacional e ingeniería fiscal— exige que lo miremos con lentes más amplios: no solo como crimen económico, sino como un problema que atraviesa, también, la desigualdad de género, el empoderamiento de las jefas de familia y el desarrollo nacional.
¿Qué es el huachicol fiscal y por qué importa?
A diferencia del “huachicol” tradicional (el robo físico de combustibles mediante perforación de ductos), el huachicol fiscal se refiere a importaciones simuladas de gasolinas o diésel que ingresan al país disfrazados (como lubricantes, aditivos, productos químicos) para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las cifras son contundentes: en 2024 se estima que el país dejó de recaudar al menos 124 mil millones de pesos por IVA y 52 960 millones por IEPS, solo en esa modalidad.
Otros cálculos señalan pérdidas de alrededor de 554 mil 750 millones de pesos entre 2019 y 2024 por 120 726 millones de litros no declarados de combustible.
El fenómeno no es solo fiscal: se vincula con redes transfronterizas de contrabando, organizaciones criminales, corrupción de autoridades aduaneras y daños administrativos al mercado formal.
Estas cifras por sí solas merecen atención. Pero cuando las ponemos bajo la lupa del género, surgen múltiples líneas de reflexión sobre cómo este crimen afecta de forma diferenciada a mujeres —y muy especialmente a mujeres jefas de familia— y cómo su erradicación puede pensarse desde una política con enfoque de género.
600 mil millones de pesos alcanza para mucho en un país tan necesitado de justicia social como lo es México.
¿Qué conexión tiene este ilícito con el empoderamiento femenino, el acceso a recursos y la justicia social?
Cuando el Estado deja de recaudar cientos de miles de millones, los efectos se traducen en menor presupuesto para educación, salud, infraestructura, apoyo a grupos vulnerables. Las mujeres jefas de familia, ya con cargas múltiples de sostenimiento, cuidado y generación de ingresos, pierden oportunidades de acceso a redes de apoyo que podrían reforzar su autonomía.
Además, esa pérdida contribuye a la competencia desleal: distribuidores formales que pagan impuestos se ven desplazados por esquemas ilegales que operan con costos artificialmente bajos; ello puede impactar indirectamente las cadenas de empleo y comercio donde participan mujeres.
Cuando un sector tan clave como el de distribución de combustibles se ve distorsionado por ilícitos, las micro y pequeñas empresas que operan legalmente —muchas de ellas manejadas o integradas por mujeres— enfrentan condiciones más difíciles para competir. Esto puede traducirse en menos contratación formal, mayor precariedad laboral, desplazamiento de trabajadoras.
Las redes de huachicol fiscal, al estar vinculadas con crimen organizado, aduanas, tráfico internacional, generan entornos de impunidad, corrupción y cooptación institucional. En esos contextos, las mujeres pueden enfrentar mayor riesgo: desde inseguridad en zonas de operación hasta limitaciones para denunciar o participar en la vigilancia ciudadana. El empoderamiento de mujeres jefas de familia implica también su derecho a un entorno seguro, justo y libre de estas redes ilícitas.
Existe un espacio de reparación y transformación: las mujeres pueden tener un rol clave en visibilizar cómo estas prácticas afectan al “otro lado” invisible del delito —el presupuesto que no llega, la falta de medicamentos, las comunidades a las que no se accede por falta de infraestructura, las iniciativas que no se financian, la falta de servicios públicos de calidad y un largo etcétera — y en exigir que la política de combate al huachicol fiscal incorpore criterios de equidad, transparencia y participación ciudadana femenina.
Para que hablar del huachicol fiscal sea más que cifras —y se convierta en un llamado al diálogo, a la acción y a la transformación— propongo como Politóloga y Lider Social algunos ejes estratégicos:
• Transparencia con enfoque de género
Incorporar en las auditorías y en los informes de recaudación, destino de recursos y esquemas de evasión un indicador de cómo las pérdidas fiscales afectan transversalmente los programas sociales dirigidos a mujeres, jefas de familia, niñas y comunidades vulnerables.
Solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) que incluyan en sus reportes datos desagregados por género, región, y por impacto sobre empleo formal de mujeres en el sector distribución de combustibles.
• Políticas públicas de intervención con perspectiva de género
Diseñar programas de apoyo a emprendedoras y jefas de familia (por ejemplo, en estaciones de servicio, distribución legal de combustibles, logística) que estén claramente identificados como parte de la transición hacia un mercado limpio, formalizado y equitativo.
Invertir parte de lo que se recupera del combate al huachicol fiscal en formación, microcréditos, redes de empleo femenino en la cadena legal del combustible.
• Alianzas mujer-ciudadanía-instituciones
Involucrar a agrupaciones como MUJERES JEFAS DE FAMILIA A.C.,MEXICO COMO VAMOS A.C., RED POR LA RENDICION DE CUENTAS A.C. y otras mas que existen en México en la vigilancia social y en la demanda de rendición de cuentas. Habilitar espacios de participación ciudadana específicos para mujeres que deseen incidir en la política energética, aduanera y fiscal.
Promover que las mujeres que viven en zonas vulnerables al huachicol —por ejemplo frontera norte, aduanas, estaciones de servicio informales— formen observatorios vecinales, colaboren en denuncias, generen informes alternativos.
• Comunicación pública con eje de género
Visibilizar el impacto del huachicol fiscal no solo como problema técnico de Hacienda, sino como problema de justicia social: “este delito resta a nuestras comunidades”, “este fraude impide que tu hija, tu hijo tenga beca”, “esta evasión hace que tu vialidad esté sin arreglo”. Construir narrativas que conecten la evasión fiscal y el contrabando de hidrocarburos con la cotidianeidad de las mujeres que sostienen familias.
Crear campañas informativas que expliquen de forma clara qué es huachicol fiscal y por qué es “un robo al bienestar”, convocando tanto a mujeres como a hombres a involucrarse.
El huachicol fiscal no es solo un problema técnico de Hacienda. Es parte de un entramado que conecta crimen organizado, evasión, corrupción y debilidad institucional. Pero también es, desde la perspectiva de género, una grieta en la que se filtran las desigualdades: menos recursos públicos, menor participación formal de mujeres, mayor vulnerabilidad.
Transformar este desafío en una oportunidad significa convocar a las mujeres —y en especial a las jefas de familia— no solo como víctimas potenciales del problema, sino como agentes de cambio: vigilantes del recurso público, formadoras de alternativas económicas, constructoras de mercados más transparentes y justos.
Hoy más que nunca, la intersección entre justicia fiscal, política energética y empoderamiento femenino se abre como un espacio para el debate, la acción y la transformación social.
Gwendolyne Negrete es integrante de la Red Internacional de Politólogas #NoSinMujeres y Presidenta Fundadora de MUJERES JEFAS DE FAMILIA A.C.
