Contra Paradigma
El olvido al campo no es una frase vacía ni una consigna de ocasión: es una verdad que se arrastra desde hace décadas. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos federales por apoyar este sector, los campesinos siguen sin encontrar en esos proyectos una verdadera respuesta a sus necesidades. El problema va más allá: el sistema de importaciones ha desplazado del mercado a los agricultores rezagados en tecnología, maquinaria y producción.
Lo poco que se cosecha —según los ejidatarios— apenas abastece al comercio local, el cual enfrenta un cúmulo de extorsiones y el malbaratamiento de sus productos. En algunos casos, prefieren tirar su cosecha antes que venderla por nada. Ese es un signo alarmante que el Estado debe atender de inmediato. Si existiera un verdadero “manual del buen gobierno”, sabríamos que lo primero que debe cuidarse, en materia de sostenibilidad, es el campo. No se puede descuidar la tierra que alimenta a los ciudadanos, que provee insumos para los negocios y que constituye una fuente vital de exportación.
Pensar que el problema se resuelve importando productos agrícolas es caer en un espejismo que genera un desbalance comercial, dañino tanto para el productor como para el consumidor. Los campesinos han tomado la palabra, se han organizado y buscan algo más que ser escuchados: quieren ser atendidos. Lamentablemente, como suele ocurrir, las autoridades harán mesas de diálogo, firmarán convenios, darán pie a los actos protocolarios, y cuando el conflicto social se apacigüe, darán carpetazo al asunto. El problema persistirá, aunque quizá para entonces la organización campesina ya haya sido mermada.
Parte del federalismo radica en asumir las riendas de la propia tierra en la que vivimos. En Aguascalientes, si no se ve un apoyo federal, tendrá que ser el gobierno del estado quien actúe. Hay que demostrar que nuestros campos no están olvidados, que podemos invertir en sectores agrícolas diversos para asegurar la producción, la comercialización, el retorno del capital invertido, la creación de valor agregado, la capacitación y la adquisición de tecnología. También es urgente la creación de seguros para el campo, pues esta actividad depende de múltiples factores: la calidad del suelo, las lluvias, la ausencia de plagas, la fuerza laboral y el correcto arado de la parcela.
Aguascalientes tiene un enorme potencial para renovarse en medio de esta crisis. Debemos usar esta coyuntura para unir esfuerzos y, con una buena planeación e implementación de políticas públicas, lograr resultados sólidos. ¿Qué nos falta? Comprender el marco normativo, actuar con la seriedad que el sector merece, visitar el campo, hacer una radiografía del comercio agrícola y detectar dónde se traban las negociaciones para intervenir con eficacia.
Lucio Mendieta y Núñez lo decía con claridad:
“Es necesario insistir en que el problema agrario de México es una cuestión científica y técnica, y que solamente podrá resolverse volviéndola a los cauces constitucionales y aplicando honradamente ciencia y técnica en su solución. Esto resultaría costoso y dilatado, pero los errores y las culpas políticas se deben pagar en beneficio de la víctima: nuestra Patria”.
De acuerdo con las relaciones comerciales con Estados Unidos, los productos mexicanos penden de un hilo; la inestabilidad de los mercados vuelve incierto el panorama de precios. Sin embargo, no debemos olvidar la vigencia de la Ley Agraria y su carácter constitucional para proteger al campesinado. El Artículo 5º es claro:
“Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo, y en su caso participando, en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.”
Es un mandato legal, y en nuestro propio marco estatal contamos con la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Aguascalientes, que en su artículo IV establece:
“Asegurar el desarrollo agrícola sustentable mediante el proceso de planeación en todos los niveles, definiendo un programa estatal que permita los resultados esperados mediante la validación y rentabilidad del proyecto, así como su seguimiento y evaluación sistemática”.
Ya existen las herramientas legales; lo que falta es voluntad. Debemos impulsar el auxilio al sector agrícola, aun cuando el poder nacional se muestre omiso. En este sentido, es necesario observar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, que recientemente ha promovido la donación de plantas de nopal, la entrega de borregos, la capacitación en tecnificación agrícola y exposiciones de productores locales. Para el ejercicio fiscal 2025, se ha asignado un presupuesto de $173,841,800 millones de pesos; la pregunta obligada es si esa cantidad realmente reflejará en los surcos de la tierra y en las manos que la trabajan.
La historia nos enseña que cuando el campo se abandona, el pueblo se empobrece. Ningún país puede llamarse libre si sus campesinos viven oprimidos por la miseria, si sus frutos se pudren mientras los intermediarios se enriquecen
