Humanismo Empresarial
Hace unos días se publicó una reforma a la Ley de Amparo que, lejos de fortalecer nuestro Estado de derecho, representa un retroceso preocupante para todos los mexicanos. No se trata de un asunto técnico reservado a abogados o especialistas. Lo que está en juego es el equilibrio entre los ciudadanos y el poder, entre la legalidad y la arbitrariedad.
El juicio de amparo ha sido, durante más de cien años, una de las grandes aportaciones de México al derecho universal. Gracias a él, ninguna autoridad puede colocarse por encima de la ley. Es el instrumento que ha permitido a miles de personas, empresas y comunidades defenderse frente a abusos y actos injustos del poder público. Limitarlo equivale a debilitar la capacidad de defensa de toda la sociedad.
Sin embargo, la reforma recientemente aprobada cambia de manera profunda ese equilibrio. Entre los puntos más preocupantes está la restricción a la suspensión del acto reclamado. En palabras sencillas, esto significa que si una autoridad toma una decisión injusta (como bloquear cuentas, embargar bienes o cancelar sellos digitales), esa medida podría aplicarse de inmediato, sin que un juez evalúe primero su legalidad. En la práctica, la justicia podría llegar demasiado tarde, y cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia.
Otro cambio relevante es la eliminación del carácter colectivo del amparo. A partir de ahora, cada persona o empresa deberá promover su propio juicio, aunque el problema sea común. Esto encarece los costos legales, satura los tribunales y deja en desventaja a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son precisamente las más vulnerables y las que más empleo generan en nuestro país.
Además, la nueva definición de “interés legítimo” impide que cámaras empresariales, colegios o asociaciones civiles representen causas colectivas. Esta modificación golpea directamente a la sociedad organizada, que ha sido un contrapeso indispensable frente a los abusos del poder. Si las instituciones ciudadanas no pueden defender causas comunes, perdemos todos: empresarios, trabajadores, familias y comunidades.
En Coparmex Aguascalientes creemos que el amparo no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental. Es el escudo que protege nuestras libertades, la herramienta que garantiza que las reglas sean claras y se apliquen con justicia. Restringirlo no fortalece a México; lo debilita.
Las implicaciones de esta reforma van mucho más allá del ámbito legal. La certeza jurídica es el cimiento de la confianza. Cuando las leyes se vuelven inciertas, la inversión se detiene, el empleo se frena y la innovación pierde rumbo. Nadie arriesga su patrimonio, su esfuerzo o su futuro en un entorno donde las reglas pueden cambiar sin razón o sin posibilidad de defensa.
En Aguascalientes lo sabemos bien. Nuestro estado ha crecido gracias a su estabilidad, su paz social y su confianza en las instituciones. Hemos sido ejemplo de desarrollo e innovación porque aquí se respeta la ley y se cumplen los acuerdos. Si ese equilibrio se rompe, se pone en riesgo no solo la economía, sino la convivencia misma que nos distingue como sociedad.
Los empresarios no pedimos excepciones ni tratos especiales. Pedimos certeza, legalidad y equidad. Queremos un país donde quien cumple con la ley tenga la confianza de que el Estado también la respeta. Y queremos un México donde la justicia sea accesible para todos, no solo para quienes tienen recursos o poder.
Por eso, hacemos un llamado respetuoso pero firme a nuestras autoridades y legisladores: escuchen a la sociedad civil, a los expertos y al sector productivo. Cualquier reforma debe construirse desde el diálogo, no desde la imposición. El equilibrio entre los poderes públicos no es un obstáculo para gobernar, es la garantía de que el poder se ejerza con responsabilidad.
Debilitar el juicio de amparo es debilitar la justicia. Y sin justicia, no hay confianza; sin confianza, no hay inversión; y sin inversión, no hay desarrollo posible. Por eso, esta no es una lucha de empresarios, ni de abogados, ni de políticos. Es una causa ciudadana, porque el amparo pertenece a todos: al trabajador, al emprendedor, al estudiante, al agricultor, al padre o madre de familia que un día podría necesitarlo.
México ha demostrado muchas veces que es más fuerte cuando sus ciudadanos levantan la voz con respeto y convicción. Hoy, esa voz debe servir para defender lo que nos pertenece a todos: el derecho a vivir en un país donde la ley sea el límite del poder y el escudo de la libertad.
Desde Coparmex Aguascalientes reafirmamos nuestro compromiso con ese ideal. Seguiremos impulsando el diálogo, la unidad y la legalidad, convencidos de que solo con instituciones sólidas podremos construir un futuro próspero y justo.
