¿Lo dije o lo pensé?
La Universidad Autónoma de Aguascalientes no solo imparte clases: modela conducta cívica. Por eso, cada proceso para elegir autoridades es más que una disputa interna; es un espejo de lo que la UAA entiende por mérito, legalidad y diálogo. Una elección universitaria ejemplar no es la que “evita” el conflicto, sino la que lo procesa con reglas claras, piso parejo y verificación pública de cada fase.
Hay caminos concretos para lograrlo. Legalidad y transparencia: publicar en tiempo y forma la convocatoria con calendario, padrón, criterios de elegibilidad y reglas de campaña. Participación: garantizar que toda la comunidad tenga información oportuna y facilidades de votación. Debate con reglas: formatos con réplicas y contrarréplicas, obligación de sustentar afirmaciones con evidencia verificable y moderación independiente. Veda universitaria: respeto al periodo de reflexión, límites claros al uso de recursos e instalaciones, y prohibición de actos que distorsionen la ecuanimidad del sufragio. Autoridad electoral autónoma: presupuesto propio, capacidades técnicas, protección de sus integrantes, observación interna y externa.
También es esencial cuidar el lenguaje. La descalificación fácil rinde aplausos fugaces, pero empobrece a la institución. La crítica fundada, en cambio, corrige rumbos y deja aprendizajes. Si la campaña degenera en ocurrencias o guerra sucia, la universidad pierde su brújula pedagógica. La academia debe elevar la conversación: comparar planes con indicadores y metas medibles, hablar de calidad docente, infraestructura, internacionalización, vinculación social, bienestar del personal, gobernanza digital y transparencia; y comprometer tableros de seguimiento y reportes periódicos.
Al votante universitario, una cautela indispensable: no se deje arrastrar por calumnias (internas o externas) que atacan sin escrúpulos ni pruebas a cualquier candidatura. Estas campañas suelen operar con cuentas desechables, “capturas” sin contexto y correos o mensajes anónimos cuyo objetivo es enrarecer, no informar. El antídoto es exigente: verificar la fuente, exigir documentos íntegros (no fragmentos), dudar de los señalamientos sin firma, no compartir rumores y conceder la presunción de inocencia mientras las instancias competentes indagan. Las denuncias con evidencia deben canalizarse por vías formales; lo demás es ruido. El voto universitario debe basarse en trayectorias y proyectos contrastables, no en linchamientos digitales.
No se trata de idealizar la armonía. Las universidades viven tensiones: presupuestos finitos, intereses legítimos y visiones doctrinales encontradas. La diferencia entre madurez y simulación está en cómo se tramitan. Si la UAA logra que la competencia termine en un “nos debemos todos a la misma casa”, habrá ganado algo más que una elección: habrá fortalecido su ciudadanía universitaria.
