El Gobierno federal revisará la modificación aprobada en la Cámara de Diputados para reducir las penas a servidores públicos involucrados en delitos de extorsión.
Durante la mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la reserva propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para ajustar a la baja las sanciones contra los funcionarios públicos involucrados en ese delito.
"No tenía la información. Hoy averiguamos exactamente de qué se trata y por qué lo está planteando Monreal. Vamos a ver exactamente de qué se trata", respondió.
Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en materia de Extorsión, propuesta por la Presidenta, con 339 votos a favor y 100 en contra.
La nueva legislación unifica las sanciones por este delito entre 6 y 15 años de prisión, inferiores a las establecidas en varios estados del País.
Sin embargo, Monreal presentó una reserva para reducir las penas de 10 a 20 años a un rango de 5 a 12 años en el caso de servidores públicos que no denuncien o participen en actos de extorsión.
"Lo que planteo es que sea de 5 a 12 años. ¿Por qué? Porque no se le puede aplicar una pena mayor -de 10 a 20 años- a un funcionario que omite o al funcionario que no informa, frente a quien es extorsionador. No puede ser más la omisión que la ejecución de un acto ilícito, que es la extorsión", dijo Monreal.
El legislador reconoció que la norma "puede generar un conflicto de retroactividad", al homologar penas menores que las vigentes en algunos estados.
"Un tema que nosotros creemos que se va a salvar es la aplicación retroactiva de la norma. Es muy sencillo, porque si un Código Penal en Chihuahua tiene de 10 a 30 años, la pena para un extorsionador y uno de ellos está purgando una pena y lleva 20 de 30 años, esta ley sí puede generar un conflicto de retroactividad, lo afirmo con toda honestidad", señaló.
Durante el debate, el coordinador del PAN, Elías Lixa, advirtió que la ley podría beneficiar a personas actualmente encarceladas por ese delito, mientras que la diputada del PT, Lilia Aguilar, dijo que la reforma podría permitir la liberación de alrededor de 600 personas detenidas por extorsión.
El diputado priista César Domínguez afirmó que en Chihuahua hay alrededor de 150 personas que podrían abandonar la prisión tras la aprobación de la ley.
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