Intersecciones en Clave de Género
Este lunes 27 de octubre, mientras miles de tractores bloquean carreteras en Guanajuato, Jalisco, Michoacán y otros estados de la República, México enfrenta una crisis agrícola que expone no solo la precariedad económica del campo, sino también las profundas desigualdades de género que atraviesan el corazón de nuestra producción alimentaria.
Los agricultores exigen un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz frente a los actuales 5,200 a 5,800 pesos, argumentando que estos montos no cubren los costos de insumos, fertilizantes y diésel. Pero detrás de cada tractor bloqueando la carretera Guadalajara-Morelia, hay una historia que rara vez se cuenta: la de las mujeres que sostienen al campo mexicano en condiciones de invisibilidad sistémica.
¿Por qué poner la etiqueta de género y rostro de mujer en una columna sobre un paro agrario?
Porque las decisiones públicas sobre precios, subsidios, cadenas de comercialización y compra institucional tienen efectos distintos sobre hombres y mujeres en el campo. Las mujeres representan una porción significativa de la fuerza laboral en actividades primarias y, según datos recientes, una proporción importante de las unidades de producción están bajo su liderazgo —aunque en promedio gestionan predios más pequeños y con menos acceso a recursos y crédito. Estas asimetrías significan que cuando se discute un “precio justo” o un apoyo a la producción, las medidas que no incorporan una mirada de género tienden a reproducir desigualdades: los apoyos llegan a quien ya tiene mejores redes, título de propiedad o mercado, y muchas veces no llegan a la productora familiar que sostiene la alimentación local.
Las guardianas invisibles de la soberanía alimentaria
En México, 992 mil mujeres trabajan en el sector primario, de las cuales 83.9% lo hace en agricultura. Sin embargo, estos números apenas rascan la superficie de una realidad más compleja. Se estima que aproximadamente 323 mil son jornaleras agrícolas, y de ellas, el 58% trabajan sin recibir pago alguno. Mientras el paro nacional demanda precios justos, vale preguntarse: ¿qué es un precio justo para quienes ni siquiera reciben un salario?
A nivel mundial, el 43% de trabajadores agrícolas son mujeres, pero apenas el 15% del total de propietarios de tierras son mujeres. En México, esta brecha es igual de dramática: según la Encuesta Nacional Agropecuaria, solo tres de cada 10 mujeres que laboran en el campo reciben un pago por su trabajo, mientras que seis de cada 10 hombres sí lo reciben.
Esta disparidad no es accidental. Es el resultado de estructuras patriarcales que consideran el trabajo femenino en el campo como “ayuda” o “apoyo” al esposo, negándoles reconocimiento económico y laboral. Las mujeres trabajadoras agrícolas no ganan lo mismo que los hombres por el mismo trabajo, debido a estereotipos de género que miran sus labores como actividades de apoyo.
Cuando la crisis climática tiene rostro de mujer
La crisis que motiva el paro no es solo económica. Durante el cuarto trimestre de 2024, el PIB agrícola registró una caída del 10.65% trimestral debido a sequías severas que afectaron hasta el 42% de la producción. Pero el cambio climático no es un fenómeno neutral en términos de género.
Un informe de la FAO titulado “El clima injusto” encontró que los hogares rurales encabezados por mujeres pierden en promedio un 8% más de ingresos durante las olas de calor y un 3% más durante inundaciones, en comparación con hogares liderados por varones. Esta disparidad representa una pérdida anual de 37,000 millones de dólares por golpes de calor y 16,000 millones por inundaciones en países pobres.
Las mujeres, al ser responsables de tareas como la recolección de agua y el cuidado de los cultivos, se ven particularmente afectadas por sequías, inundaciones y alteraciones en los ciclos de cultivo. Mientras los hombres protestan en las carreteras, muchas mujeres enfrentan la doble jornada de buscar agua en comunidades donde las sequías han secado los pozos, cuidar a los hijos y mantener viva la producción de traspatio que alimenta a sus familias.
Un sector estratégico en manos vulnerables
El sector agrícola representa aproximadamente el 2% del PIB de México, una cifra que podría parecer modesta pero que oculta su importancia estratégica. Se estima que el 13% de la fuerza laboral está empleada en la agricultura, un porcentaje crucial para la seguridad alimentaria nacional.
Los estados con mayor porcentaje de mujeres en actividades primarias son Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Sonora: precisamente las entidades donde el paro nacional tendrá mayor impacto. El 64% de las mujeres rurales tienen entre 14 y 64 años, y el 33.9% cuenta con escolaridad primaria mientras que el 30.5% alcanzó nivel secundaria.
La precariedad como norma
Las condiciones laborales en el campo mexicano reflejan una vulnerabilidad sistémica que se agrava cuando se observa desde una perspectiva de género. El 93% de las mujeres trabajadoras agrícolas carece de contrato, el 90% no tiene acceso a la salud por parte de su patrón y el 8% no cuenta con prestaciones laborales.
Para las mujeres jornaleras, la maternidad implica enfrentarse a riesgos como plaguicidas, herbicidas o fertilizantes, sin contar con permisos de maternidad remunerados. Además, son sometidas a acoso durante la jornada laboral y tienen dobles o triples jornadas debido a los trabajos de cuidado que realizan.
El 96.7% de las mujeres rurales trabaja y realiza otra actividad simultáneamente: quehaceres domésticos, cuidado de otras personas, acarreo de leña y agua, trabajo comunitario o mantenimiento del hogar. Cuando escuchamos las demandas por precios justos, debemos preguntarnos: ¿cómo se valora el trabajo de quien produce alimentos, cuida a la familia, acarrea agua y mantiene vivas las tradiciones agrícolas ancestrales?
Más allá del precio del maíz
Los productores señalan que México no tiene autosuficiencia alimentaria, pues no produce ni la mitad de los alimentos que requiere la población, convirtiéndose en “rehén de las importaciones”. Esta dependencia tiene consecuencias diferenciadas por género.
Según la FAO, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos, la producción agrícola en los países en desarrollo aumentaría hasta un 4% y el número de personas desnutridas en el mundo disminuiría aproximadamente hasta un 17%. En otras palabras, la desigualdad de género en el campo no es solo una cuestión de justicia social, sino una barrera concreta para la soberanía alimentaria que tanto preocupa a los manifestantes.
El camino por recorrer
Este paro nacional debe servir como catalizador para una conversación más amplia sobre el futuro del campo mexicano. Los agricultores exigen que se excluyan los granos básicos —maíz, frijol, trigo y sorgo— del T-MEC, una demanda que refleja la tensión entre apertura comercial y protección de productores nacionales.
Pero cualquier política pública que busque rescatar al campo mexicano debe incorporar una perspectiva de género integral. No basta con establecer precios de garantía si la mitad de quienes trabajan la tierra lo hacen sin contrato, sin salario y sin reconocimiento. No podemos hablar de soberanía alimentaria mientras las guardianas del conocimiento agrícola ancestral carecen de acceso a la tierra, al crédito y a la toma de decisiones.
El cambio climático impacta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a las indígenas y campesinas, quienes dependen en mayor medida de la agricultura y enfrentan mayores riesgos debido a la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Cualquier estrategia de adaptación climática debe reconocer que las mujeres no son solo víctimas, sino agentes activas de cambio.
Epílogo desde la carretera
Mientras escribo estas líneas, voy viajando y veo a los tractores que permanecen estacionados en las carreteras por donde voy pasando y seguramente también en las demas carreteras del país. Los productores temen que, de no atenderse sus peticiones, miles abandonen sus cultivos en 2026, poniendo en riesgo la producción nacional de granos básicos. Es un temor legítimo que debe escucharse.
Pero también debemos escuchar las voces que no tienen micrófono ni tractor. Las de las mujeres que este lunes siguen sembrando, cosechando y cuidando, aunque nadie cuente su trabajo como parte del PIB agrícola. Las que enfrentan la crisis climática con las manos en la tierra y los hijos a cuestas. Las que sostienen la economía de cuidados que hace posible que alguien más pueda protestar.
El paro nacional de agricultura nos interpela a todos. Pero sobre todo, nos desafía a imaginar un campo mexicano donde el trabajo sea reconocido sin importar quién lo realice, donde los precios sean justos para todos y donde la soberanía alimentaria se construya con equidad de género.
Porque al final del día, sin ellas, las agricultoras, tampoco hay comida.
