La justicia federal canceló un proceso contra la ex directora de Comunicación Social de la Secretaría de Salud (Ssa), por un presunto enriquecimiento ilícito entre 2007 y 2013
Al estimar que los datos de prueba son insuficientes, la justicia federal canceló un proceso iniciado contra Claudia Solís Beltrán, ex directora de Comunicación Social de la Secretaría de Salud (Ssa), por un presunto enriquecimiento ilícito entre 2007 y 2013.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación canceló la vinculación a proceso dictada por un Juez de control a la funcionaria en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al concluir que no existen inconsistencias en sus ingresos.
Si bien la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó un amparo contra dicha determinación, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Apelación también desechó el recurso, porque concluyó que la dependencia sólo puede recurrir a este tipo de demandas cuando el acto que reclama afecta su patrimonio, lo cual no ocurre en este asunto.
La versión pública de las sentencias mantienen reservado el monto del supuesto enriquecimiento, pero en una de ellas señalan que de 2007 a 2013 las percepciones de Solís como servidora pública fueron de 2 millones 365 mil 569 pesos y que en el mismo periodo su patrimonio ascendió a 8 millones 188 mil 10.34 pesos.
De acuerdo con los datos, habría una diferencia de 5 millones 822 mil 441.34 pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el aumento patrimonial injustificado fue detectado en depósitos a tres cuentas bancarias, la adquisición de dos inmuebles y de dos vehículos.
Sobre todo, porque la imputada no contaba con ingresos adicionales ni con bienes, muebles ni inmuebles, a nombre suyo o de su ex cónyuge.
La imputación se vino abajo porque buena parte de las pruebas que ofreció la Fiscalía, sobre todo la información bancaria, correspondía a cuentas del ex esposo de Solís. Además, la ex funcionaria acreditó que su padre le hizo un depósito para comprar uno de los vehículos y otra persona declaró haberle prestado dinero para adquirir un departamento.
El Juez de control además aplicó a la perspectiva de género en favor de Solís, ya que se divorció desde noviembre de 2012, pero desde tiempo atrás ya no tenía convivencia con su ex esposo y no estaba al tanto de sus ingresos.
