La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) emitió un nuevo requerimiento contra un medio de comunicación; solicitó a la televisora Producciones Telemar, S.A. de C.V., información detallada del personal responsable de la redacción, edición y autorización de notas críticas hacia la Gobernadora morenista Layda Sansores San Román y su administración.
El oficio, fechado el 14 de octubre, advierte al medio sobre posibles sanciones económicas y procesos legales si incumple la solicitud en un plazo perentorio de cinco días hábiles.
La acción, enmarcada en una carpeta de investigación penal por el presunto delito de "calumnia y lo que resulte", fue calificada por la empresa y diversos analistas como un intento de control y censura directa sobre la prensa local.
Este procedimiento se da en el contexto de las acciones impuestas al diario Tribuna de Campeche y a su periodista Jorge González Valdés, quienes enfrentan una demanda por parte de la Mandataria y medidas cautelares por ser acusados de "incitación al odio y la violencia".
El oficio 040/2025, dirigido al Administrador Único de Producciones Telemar, Isidro de Jesús Yerbes Cruz, detalla el requerimiento de información bajo la advertencia de una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA) y el inicio de procedimientos legales "por desobediencia", al citar diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la FGECAM.
El documento exige específicamente la entrega obligatoria, en un plazo de cinco días hábiles de la información de identificación del personal, incluyendo los nombres de los periodistas encargados de la redacción y autorización de las publicaciones en sus plataformas digitales y web, así como el nombre del Director o encargado de la compañía desde 2024 hasta la fecha y, de ser posible, su organigrama, con el fin de integrar la información a una carpeta de investigación por calumnia.
La Fiscalía justifica la solicitud en la "obligación de suministrar información" por parte de cualquier persona o servidor público, necesaria para integrar dicha carpeta.
Como evidencia de la presunta calumnia, el oficio enumera 59 encabezados de notas periodísticas publicadas por Telemar, la mayoría de ellas con críticas a la gestión de la Gobernadora morenista.
Entre los titulares citados se encuentran algunos como "Triturada la 4t en Campeche", "Quien debe ser enjuiciada es Layda Sansores" y "Jueza ordena prolongar censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores", publicadas entre enero y septiembre de 2025.
Producciones Telemar, a través de sus plataformas, denunció que la orden de la FGECAM "es un intento de control y censura", y "refuerza la percepción de que los órganos del gobierno buscan limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística que cuestiona la gestión pública en la entidad, generando un ambiente de autocensura entre los medios locales".
Este procedimiento ocurre en un ambiente de tensión, marcada por la prolongación de las medidas cautelares contra el diario Tribuna y el periodista Jorge González Valdez, quienes también pertenecen a la Organización Editorial del Sureste (OES), al igual que Telemar.
El pasado 16 de septiembre, un Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia en Campeche, determinó prolongar por tres meses más la censura previa impuesta a Tribuna Digital y al citado comunicador, a raíz de la denuncia interpuesta por la Gobernadora Sansores por presunta promoción de mensajes de odio.
La Jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May resolvió mantener la medida cautelar que obliga tanto al medio como al comunicador a someter a revisión por un interventor judicial cada publicación referente a la Gobernadora antes de ser difundida. El objetivo, según el acuerdo judicial, es evitar la difusión de contenidos considerados "ofensivos o discriminatorios".
Organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos han manifestado su preocupación, al coincidir en que el uso de disposiciones legales de investigación en este contexto podría establecer un precedente peligroso para la libertad de prensa en Campeche. Opinaron que la amenaza de multas (50 UMAs) y procesos legales funciona como una herramienta de intimidación hacia otros medios, incluyendo plataformas digitales y prensa escrita, que ejercen su derecho a la crítica y fiscalización del poder.
