Las recientes lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro no solo anegaron campos y ciudades: volvieron a exhibir la fragilidad con que México enfrenta los desastres naturales. Las cifras oficiales preliminares estremecen: 64 muertos, 65 desaparecidos, más de 100 mil viviendas dañadas, caminos destruidos y sistemas de agua colapsados. El país entero observa, otra vez, cómo la tragedia se repite —y cómo la respuesta institucional llega tarde o incompleta. En medio del lodo y la desesperanza, regresa una pregunta inevitable: ¿por qué se eliminó el FONDEN y qué hemos perdido con su desaparición?
El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue creado en 1996 para garantizar que los recursos para emergencias estuvieran listos y protegidos, más allá de los vaivenes políticos o presupuestales. Su diseño lo convirtió en referente internacional: el Banco Mundial lo consideró uno de los mecanismos más avanzados de financiamiento soberano del riesgo. México combinaba reservas presupuestarias permanentes con instrumentos financieros modernos, como seguros paramétricos y bonos catastróficos que liberaban dinero de manera automática tras un evento extremo.
Así, por ejemplo, tras el sismo de 2017, México recibió 150 millones de dólares en cuestión de días gracias a un bono catastrófico contratado previamente; lo mismo ocurrió con el huracán Patricia, que activó pagos inmediatos. No era magia: era previsión. El FONDEN funcionaba con reglas claras, procedimientos técnicos y una cadena de decisión rápida, que permitía reconstruir carreteras, escuelas, hospitales y redes de agua en cuestión de semanas, no de meses.
En 2020, el fideicomiso del FONDEN fue eliminado bajo el argumento de combatir la opacidad y centralizar los recursos. Desde entonces, los apoyos dependen de decisiones discrecionales y presupuestos anuales sujetos a recortes o reprogramaciones. En la práctica, ya no existen fondos etiquetados ni mecanismos automáticos. El resultado ha sido palpable: tras el huracán Otis en 2023, las pérdidas superaron los 16 mil millones de dólares y miles de familias en Guerrero esperaron semanas para recibir ayuda. Hoy, ante las inundaciones en el centro del país, la historia se repite.
La Secretaría de Hacienda asegura que hay 19 mil millones de pesos disponibles para emergencias. Pero sin el andamiaje técnico y fiduciario del FONDEN, esos recursos no fluyen con la velocidad ni la transparencia necesarias. En un desastre, el tiempo es literalmente vida: cada día de retraso implica agua contaminada, enfermedades, inseguridad y pérdidas económicas que se multiplican.
El mundo ya aprendió que los desastres no se improvisan. En Estados Unidos, la FEMA administra el DisasterReliefFund, un fondo multianual que en los últimos cinco años ha destinado más de 158 mil millones de dólares a reconstrucción y prevención. Su clave es la planeación plurianual y la activación automática de recursos.
En el Caribe, países pequeños como Grenada y Panamá participan en el CCRIF, un fondo regional que paga con base en indicadores de lluvia o viento. En 2024, Grenada recibió 42 millones de dólares por el huracán Beryl apenas dos semanas después del evento. Panamá obtuvo 26.7 millones por lluvias extremas. Si naciones con economías pequeñas logran tener cobertura financiera inmediata, ¿cómo es posible que México, una de las quince economías más grandes del planeta, carezca hoy de ese escudo?
La respuesta no está en regresar exactamente al pasado, sino en modernizar el modelo. México podría instaurar un Fideicomiso Nacional de Resiliencia y Atención a Desastres, con seis pilares:
Restituir un fondo de este tipo no es un gasto, es una inversión en seguridad nacional. Cada peso prevenido puede ahorrar hasta siete pesos en reconstrucción, según estimaciones del Banco Mundial. Además, una política de mitigación inteligente debe obligar a reconstruir mejor: elevar cimientos, modernizar drenajes, reforestar cuencas, recuperar humedales urbanos y garantizar agua potable segura. La resiliencia empieza antes de que caiga la tormenta, no después.
El cambio climático ya no es una hipótesis: es una realidad cotidiana. México ocupa el lugar 12 mundial en exposición a riesgos naturales y, sin embargo, disolvió su principal herramienta para afrontarlos. Los desastres seguirán ocurriendo, pero el sufrimiento humano no tiene por qué repetirse. Es momento de reconstruir el sistema financiero de protección civil con rigor técnico, visión de largo plazo y participación ciudadana.
El FONDEN no era perfecto, pero tenía lo más importante: certidumbre y velocidad. Y en un país donde cada temporada de lluvias pone a prueba nuestra solidaridad y nuestras instituciones, eso marca la diferencia entre reaccionar tarde o proteger a tiempo. Si queremos un México preparado, no basta con prometer ayuda: hay que tenerla lista antes de que llegue la próxima tormenta.
