El vicealmirante Salvador Camargo Vivero, exdirector de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, promovió un amparo para evitar una posible detención en el marco de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto contrabando de combustibles.
El recurso fue presentado por su abogado, Daniel Jiménez Valencia, quien aseguró que su cliente no se encuentra actualmente en México, aunque tiene previsto regresar en los próximos días. El expediente penal está identificado bajo el número 305/2025, vinculado a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024.
Según declaraciones de un exfuncionario portuario identificado como HRV, durante la gestión de Camargo Vivero, entre febrero de 2024 y febrero de 2025, ingresaron al puerto entre 20 y 23 embarcaciones con documentación irregular. Entre ellas destacó el buque Challenge Procyon, asegurado en marzo con 10 millones de litros de diésel provenientes de Estados Unidos y declarados falsamente como aditivo.
El testimonio también involucra a Javier Antonio Martínez, entonces gerente de Administración y Finanzas de ASIPONA, ya vinculado a proceso por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. Esto aumentó las sospechas sobre la participación del vicealmirante.
La defensa sostiene que Camargo nunca recibió notificación judicial que lo vincule directamente con el caso, y argumenta que los hechos señalados corresponden a responsabilidades aduaneras que no dependían de su cargo. Además, subraya que el vicealmirante dejó la dirección del puerto dos meses antes de la incautación del Challenge Procyon.
El juez Juan Mateo Brieba de Castro, del Sexto de Distrito en Materia Penal en la CDMX, solicitó a la defensa aclarar la demanda en un plazo de cinco días y negó la suspensión inmediata contra una posible detención. Por ahora, el amparo se mantiene en suspenso y su admisión dependerá de la respuesta de la defensa.
El caso se suma a las investigaciones que la FGR mantiene sobre las redes de huachicol fiscal en el Golfo de México, delito que provoca pérdidas millonarias al Estado y apunta a presuntos actos de corrupción en el ámbito portuario y naval.
