Lunes 13 de Octubre de 2025 | Aguascalientes.
El más reciente escándalo que sacudió la vida nacional fue el del huachicol fiscal. Imagine la escena: miembros de la Marina, personal de aduanas y un grupo de “empresarios” confabulados para introducir al país, de contrabando, miles de millones de litros de gasolina. La compraban principalmente en Estados Unidos, la trasladaban en buques, y al llegar a las aduanas la disfrazaban en los papeles como diésel o aceites —productos gravados con impuestos mucho más bajos—.
Ya en territorio nacional, esa gasolina circulaba por una red de transporte y distribución tan compleja y eficiente que cualquiera diría que ni el Tren Maya presume de algo similar. El combustible llegaba a las gasolineras de todo el país y, de ahí, directo al consumidor final: el único que, paradójicamente, sí terminó pagando impuestos.
No es un fraude cualquiera. Algunos lo califican ya como el mayor acto de corrupción en la historia de México —más grande incluso que el de Segalmex—. Pero más allá de las pérdidas fiscales colosales, el golpe es a una institución que, hasta ahora, gozaba de credibilidad. Y lo confirma: desde 2018 asistimos a un proceso sistemático de desmantelamiento del Estado mexicano, en el que cada vez quedan menos instituciones sólidas capaces de sostener la democracia.
Hagamos memoria. La Suprema Corte de Justicia ha sido atacada y transformada para restarle independencia. El INE, que durante años fue ejemplo de vocación ciudadana, quedó debilitado en presupuesto, nombramientos y credibilidad. El INAI fue desaparecido, y con él, prácticamente, el derecho a la información. La CNDH dejó de ser contrapeso para convertirse en comparsa del poder. La Policía Federal desapareció y la Guardia Nacional, que debía ser civil, terminó militarizada. Segalmex quedó como un monumento al desvío de recursos. La FGR, en lugar de consolidar su autonomía, se convirtió en fiscalía selectiva, complaciente con el gobierno y dura con opositores. La CRE y la CNH fueron capturadas para alinearse con la política energética oficial. Y organismos como el CONACYT o la Cofece quedaron reducidos o neutralizados.
El balance es demoledor: casi todas las instituciones que daban vida a la República han sido debilitadas, capturadas o desaparecidas. Y cada golpe institucional abre la misma pregunta: ¿qué nos queda? Porque ya no se trata de anticipar cuál será la próxima en caer, sino de reconocer que, si seguimos así, pronto no quedará ninguna que sostenga el pacto democrático.
