Sábado 13 de Septiembre de 2025 | Aguascalientes.
En México, comprar una vivienda será más complicado para el cierre de este año, ya que se estima un incremento del 8.5 por ciento en el precio a nivel nacional, mientras que el salario de los mexicanos se mantendría en los 17 mil pesos al mes, en promedio, alertaron organismos.
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), detalló que el valor medio de una vivienda es de 1.8 millones de pesos.
Con estos dos datos, un mexicano requeriría un crédito de 62 mil pesos mensuales, cifra inalcanzable incluso al sumar los ingresos de una pareja, si ambos cuentan con un ingreso medio mensual similar, explicó el organismo.
Karim Oviedo Ramírez, presidente de la AMPI, resaltó que la falta de una política integral en materia de vivienda genera que hoy en México exista un rezago de 8.5 millones de viviendas en todos tipos, es decir, desde vivienda social hasta residencial plus.
El problema se agrava, dado que el precio de la vivienda en México sigue aumentando en promedio entre 10 y 11 por ciento anual.
Sólo en lo que va de este año, se alcanzó un aumento del 8.2 por ciento, según Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Cuestionada por este tema, Eliana González, asociada de la práctica inmobiliaria de Von Wobeser, sostuvo que en la actualidad, la adquisición de vivienda tiene un proceso significativamente más complejo.
"El mercado inmobiliario no responde únicamente a las dinámicas propias de su sector, sino que se encuentra estrechamente vinculado con otros mercados, como el financiero y con diversos indicadores macroeconómicos, como la inflación", dijo.
Este último factor, en particular, incide directamente en el incremento de los costos de construcción y de las actividades relacionadas, lo que repercute tanto en la compraventa de inmuebles como en el arrendamiento, dado que las rentas habitualmente se actualizan con base en los índices inflacionarios.
Ante el panorama de ingresos de los mexicanos, González dijo que es el Estado quién tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios para facilitar dicho acceso a la vivienda digna, como lo estipula el artículo cuarto de la Carta Magna.
"Desde una óptica jurídica, la prolongada imposibilidad real de adquirir vivienda puede interpretarse como una afectación indirecta a este derecho constitucional, en tanto el Estado tiene el deber de generar políticas públicas", añadió.
Acentuó que deben ser eficaces las políticas públicas desde distintas aristas, desde la financiera, urbanística, social y económica, para garantizar el acceso efectivo a la vivienda digna.
