La exactitud que engaña y el periodismo que falla

En temporada electoral, la calumnia y la media verdad se vuelven armas tentadoras cuando hay de fondo intereses mezquinos. Ni siquiera hace falta inventar: basta amputar el contexto. Un porcentaje sin denominador, una cita arrancada de su párrafo, un oficio filtrado sin el anexo que lo explica. El efecto es quirúrgico: el funcionario queda bajo sospecha, la institución bajo asedio y el electorado con la sensación rentable (aunque imprecisa) de que “algo huele mal”.

El problema no es denunciar, sino instrumentalizar verdades parciales para incidir en el voto. La táctica es conocida: timing electoral (cuando el ruido suena más), cherry-picking de documentos, salto exprés de falla administrativa a “corrupción” sin mediaciones y amplificación algorítmica vía cadenas y portales que publican primero y verifican después. A este libreto se suma una falla ética grave: medios que convierten un correo anónimo en “hecho” y lo llevan a portada o a ocho columnas sin corroborar fuentes, sin consultar a la parte aludida y sin advertir con claridad el estatus de verificación. La “verosimilitud” suplanta a la verificación; el linchamiento público, al debido proceso.

El caso local ilustra la mecánica. Redacciones reciben correos anónimos con “expedientes” sobre la gestión de la Rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: mensajes enviados de madrugada, desde direcciones ajenas a la UAA, que bajo cualquier pretexto atacan a la institución y terminan insinuando que “urge corregir el rumbo y permitir otro liderazgo rumbo al proceso electoral de este año”. Sea cual sea el fondo, el objetivo inmediato queda cumplido: instalar la sospecha y empujar la narrativa de que “otro grupo” debe “rescatar” la universidad. La media verdad rara vez afirma de lleno: sugiere lo suficiente para que el lector complete la condena. Y cuando un medio reproduce esa insinuación como noticia (y peor aún, en primera plana) deja de informar para convertirse en caja de resonancia.

¿Cómo distinguir una denuncia legítima de una operación selectiva? Cuatro preguntas mínimas: temporalidad (¿en qué momento se reporta y por qué ese?), comparativa (¿cómo luce frente a pares y series históricas?), procedimental (¿qué dice el expediente íntegro, no la página 3 de 12?) y presupuestal (¿qué proporción del total representa lo citado?). Podemos sumar dos más, propias del oficio periodístico: trazabilidad de la fuente (¿quién envía y con qué acreditación?) y corroboración independiente (¿hay al menos dos fuentes no alineadas?). Lo que no supera este filtro es indicio, no veredicto.

Las instituciones no pueden quedarse en el desconcierto. Al menos aplicar un protocolo de semáforo de evidencia: rojo (afirmaciones sin fuente completa, y con mayor razón si es anónimo), amarillo (indicios selectivos de documentos), verde (dataset íntegro + metodología + auditoría). Y a los medios les toca informar con estándares: marcar el estatus de verificación, evitar titulares que condenan con condicionales y rectificar con el mismo despliegue cuando un dato se cae.

A la ciudadanía nos corresponde una higiene cívica básica: evaluar la seriedad de la fuente, buscar documento primario, contrastar dos fuentes no alineadas e identificar quién gana con la calumnia y difamación. No es escepticismo cínico; es cuidado de la democracia. Sin contexto, la verdad se vuelve utilería. Y con utilería no se gobierna: se manipula.