Este primero de septiembre inicia la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, producto de una reforma que ha sido tan celebrada por unos como cuestionada por otros. La expectativa es enorme: un tribunal renovado, con rostros más cercanos al discurso del gobierno, pero con la misma responsabilidad que le asigna la Constitución: ser guardián de la Carta Magna, garante de los derechos humanos y contrapeso real frente a los otros poderes

Conviene recordar lo que dice la doctrina. Desde Kelsen hasta Ferrajoli, pasando por la tradición constitucional mexicana, los juristas coinciden: un tribunal supremo debe ser independiente, imparcial, inamovible en sus criterios, y capaz de limitar al poder político. No está para legitimar proyectos de gobierno ni para administrar simpatías sociales. Está para defender la Constitución, incluso frente a las mayorías. La justicia constitucional, recuerda Luigi Ferrajoli, es “el freno contra el absolutismo de las mayorías”.

La Constitución también es clara. El artículo 17 establece que toda persona tiene derecho a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. El artículo 94 manda que la Corte preserve la supremacía constitucional y resuelva controversias entre poderes y estados. El artículo 105 le da facultad expresa para invalidar leyes contrarias a la Constitución. Y el artículo 1 obliga a todas las autoridades —incluida la SCJN— a promover y proteger los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

A ello se suma el derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales competentes, independientes e imparciales. Los Principios Básicos de la ONU sobre la independencia de la judicatura remarcan que los jueces deben decidir sin presiones ni interferencias externas, y la Corte Interamericana ha reiterado que sin jueces independientes no hay Estado de derecho. Estos tratados, con rango constitucional en México, refuerzan el mandato interno: la justicia debe ejercerse con independencia y sin sometimiento a intereses políticos.

Con ese marco en la mesa, sorprenden algunos discursos. El ministro presidente electo Hugo Aguilar sostiene que la Corte no debe “disputar poder con el Ejecutivo” sino dar justicia al pueblo. Una frase que en apariencia suena sensible, pero que en los hechos choca con la función constitucional de contrapeso. La ministra Lenia Batres ha calificado de “golpe de Estado” que la Corte revise reformas del Congreso, pese a que la Constitución le da esa facultad. El ministro Arístides Guerrero, más mediático que doctrinario, habla de justicia accesible y tecnológica, un planteamiento que, aunque difuso, sí conecta con la obligación de acercar la justicia a la ciudadanía.

Otros perfiles muestran contrastes. Irving Espinosa plantea una justicia sin privilegios ni impunidad, lo cual encaja con el principio de igualdad. Giovanni Figueroa y Loretta Ortiz aportan un enfoque académico y técnico vinculado a derechos humanos, en línea con el artículo 1. Mientras que María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, con pasado en el Ejecutivo y la Fiscalía, despiertan dudas sobre la independencia, ese requisito sine qua non que exige el artículo 94.

La tensión es evidente: algunos ministros parecen confundir justicia constitucional con justicia social, y contrapeso institucional con acompañamiento político. Pero la Corte no fue concebida como un programa social, sino como árbitro de la legalidad.

En una época de hiperinformación, donde las narrativas se imponen con frecuencia sobre los hechos, resulta vital sostener parámetros firmes para juzgar con claridad. La nueva Corte no puede navegar a ciegas entre discursos: su deber es anclarse en la Constitución y la independencia judicial. Si cumple, será recordada como garante de la República; si falla, será un episodio más de subordinación al poder. El veredicto no será inmediato: quizá dentro de cincuenta años sepamos si estuvo a la altura de la historia.