Este 1 de septiembre de 2025 marcó un hecho histórico en México: la renovación casi total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora integrada por nueve ministros y ministras electos de manera directa por la ciudadanía. Con esta transformación, impulsada tras la reforma judicial aprobada en 2024, el máximo tribunal del país inicia una etapa inédita en la que se busca acercar a la sociedad con la impartición de justicia, aunque también se encienden las alertas sobre la independencia judicial frente al poder político.
Un cambio de era en el Poder Judicial
La reforma redujo de 11 a 9 integrantes la conformación de la Corte, y estableció por primera vez que estos fueran elegidos en las urnas. El proceso se realizó en medio de una intensa campaña política en la que el partido gobernante, Morena, y sus aliados lograron posicionar a sus perfiles, obteniendo así el control de la mayoría en el Pleno.
Para muchos, este cambio representa la consolidación del proyecto de la llamada Cuarta Transformación; para otros, es un riesgo que podría limitar la autonomía de la Corte y abrir la puerta a un alineamiento total con el Ejecutivo.
Los nuevos rostros de la SCJN
• Hugo Aguilar Ortiz – De origen mixteco, fue el candidato más votado y se convirtió en el primer indígena en presidir la Suprema Corte. Con una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos comunitarios en Oaxaca, Aguilar asumió la presidencia del máximo tribunal en un acto simbólico que incluyó una ceremonia de purificación indígena y la entrega de un bastón de mando.
• Lenia Batres Guadarrama – Ministra reelecta, cercana al proyecto de Morena, que ha defendido la visión de democratizar la justicia y limitar los privilegios dentro del Poder Judicial.
• Yasmín Esquivel Mossa – Pese a las polémicas que han rodeado su carrera, mantiene su lugar como ministra. Es conocida por sus posturas alineadas con la visión del oficialismo.
• Loretta Ortiz Ahlf – También reelecta, ha sido una de las voces más consistentes en temas de derechos humanos y en la defensa de la soberanía nacional.
• María Estela Ríos González – Exconsejera jurídica de la Presidencia, llega a la Corte como una de las figuras más cercanas al círculo de Andrés Manuel López Obrador.
• Giovanni Azael Figueroa Mejía – Nuevo integrante, reconocido por su trayectoria como juez federal en temas de justicia laboral.
• Irving Espinosa Betanzo – Abogado con experiencia en materia electoral, impulsado por Morena y considerado pieza clave para avalar la nueva estructura judicial.
• Arístides Rodrigo Guerrero García – Exconsejero del INAI, con carrera en transparencia y derecho administrativo, ahora da un salto hacia el máximo tribunal.
• Sara Irene Herrerías Guerra – Fiscal especializada en derechos humanos, con experiencia en casos de violencia de género y desapariciones, su llegada a la Corte ha sido vista como una apuesta por fortalecer la perspectiva de derechos en los fallos judiciales.
Una ceremonia cargada de simbolismo
La toma de protesta de los nuevos ministros no fue un acto ordinario. Además de la sesión protocolaria, se realizó una ceremonia tradicional indígena de purificación, en la que los ministros recibieron bastones de mando como símbolo de autoridad y compromiso con el pueblo de México. El gesto buscó dar un mensaje de cercanía con las comunidades originarias y marcar un inicio distinto en la historia de la Corte.
Reacciones y críticas
Mientras simpatizantes de Morena celebraron este relevo como un triunfo democrático y un paso hacia la “verdadera transformación de la justicia”, la oposición y diversos organismos de la sociedad civil expresaron su preocupación. Argumentan que con la nueva conformación, la Corte podría dejar de ser un contrapeso real del Ejecutivo y el Legislativo, debilitando la división de poderes.
Expertos constitucionalistas han señalado que el reto de esta Corte será demostrar independencia, solidez técnica y capacidad de dictar resoluciones que protejan los derechos de los ciudadanos, más allá de afinidades políticas.
Lo que viene
Con esta renovación, la SCJN enfrentará casos cruciales: reformas en materia electoral, el futuro de los órganos autónomos, la legalidad de megaproyectos de infraestructura y controversias constitucionales presentadas por gobiernos estatales.
La Corte, que históricamente se ha colocado como un árbitro en la vida democrática del país, deberá demostrar si, bajo este nuevo esquema, podrá mantener su legitimidad frente a la sociedad y garantizar la justicia como pilar de la democracia mexicana.
