La Viga en el Ojo Propio

Aguascalientes, tierra del cielo claro, buena tierra y gente buena; cuna de gente recta y trabajadora ha presenciado en las últimos meses un espectáculo que mancha ese prestigio y socava los cimientos de nuestra democracia: la elección de jueces y magistrados locales. Un proceso que, lejos de buscar la excelencia y la independencia judicial, operó bajo la lógica mezquina del “compadrazgo”, la conveniencia política y la opacidad. Un ejercicio perfecto que ilustra el viejo y sabio refrán: es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.

Mientras a nivel nacional fueron amplios los debates sobre la reforma electoral y la elección de los nuevos ministros de la Corte, jueces y magistrados –procesos que, con sus bemoles, fueron televisados, sometidos a escrutinio público y donde los perfiles fueron, al menos, diseccionados ante la ciudadanía–, en nuestro estado se cocinó a puerta cerrada un concurso de opacidad y favoritismo. Se rasgaron las vestiduras criticando el más mínimo desliz en el país, pero han sido incapaces de ver la enorme viga de opacidad y arbitrariedad que se tiene clavada en el ojo institucional de Aguascalientes.

El Comité de Evaluación, encargado de garantizar la idoneidad de quienes impartirán justicia, parece haber interpretado su rol no como un filtro de calidad, sino como un mero trámite para validar una lista predefinida. Se filtraron nombres, se hicieron compromisos políticos y se ignoraron, de manera flagrante, observaciones cruciales sobre candidatos que, simple y llanamente, no cumplían con los requisitos legales mínimos para aspirar a tan altas responsabilidades, haciéndolos inelegibles. ¿Dónde queda el principio de mérito y capacidad? Fue sacrificado en el altar de los acuerdos cupulares. Lo anunciamos desde tribuna, desde donde la mayoría panista aprobó el acuerdo legislativo, que llevaba los nombres de sus amigos.

Lo más grave no es solo que se hayan elegido perfiles “a modo”, cuyo principal mérito parece ser la lealtad a una facción y no a la ciudadanía. Lo verdaderamente escandaloso es la exclusión deliberada de profesionales del derecho con trayectorias intachables, perfiles académicos sólidos y un reconocimiento amplio por su competencia. ¿Su pecado? Representar una independencia de criterio que resulta incómoda para quienes pretenden controlar el poder judicial como una extensión.

Teniendo la oportunidad histórica de hacer las cosas bien, para que fuera la ciudadanía quien eligiera a sus juzgadores entre los mejores perfiles, optaron por limitar la elección.

¿Cuántas amigas y amigos tendrán en el estado? Son tantos, y hasta a algunos los naturalizaron hidrocálidos para poder participar en la elección, como María José Ocampo Vázquez, hija de Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial panista, quien no pasó los filtros para juez mixto, pero sí tuvo todas las credenciales para ser magistrada.

Este proceso opaco es la antítesis de lo que, irónicamente, se vio a nivel federal. Los candidatos fueron sometidos a un interrogatorio público y exhaustivo. Sus trayectorias, sus publicaciones, sus afinidades e incluso sus contradicciones quedaron expuestas a la luz del día para que la sociedad las juzgara. Aquí, en cambio, las deliberaciones fueron un secreto a voces, las actas no reflejan la realidad de las discusiones y el resultado huele a un reparto de cuotas, aunque tampoco fue una sorpresa.

Las consecuencias son profundamente dañinas. ¿Cómo creer en la justicia cuando quienes la administran llegan a sus puestos por amistad y no por idoneidad? Y para muestra tenemos el caso de Salvador Hernández Gallegos, quien no tan solo estaba impedido por ley para ser votado y ocupar el cargo, sino que no cumplió con el requisito de un mínimo de 8 de promedio. Aún así obtuvo el aval del Comité de Evaluación, aún así logró su candidatura, incluso el “triunfo” en las urnas, hasta que el Tribunal Electoral, tras ser impugnado, lo desechó.

Se envía un terrible mensaje a la comunidad jurídica: el esfuerzo, la preparación y la ética valen menos que una llamada telefónica correcta. Se debilita el Estado de Derecho desde su misma base, porque un poder judicial dependiente de otro, es un poder judicial que no puede defender los derechos de los ciudadanos frente a los abusos. Lograron destruir la basé que motivó esta reforma electoral, que la justicia sea de la gente y para la gente.

Será este 29 de agosto, cuando estos nuevos jueces y magistrados; algunos recién egresados, otros sin experiencia, muchos amigos, y pocos, muy pocos casos de excepción que cumplen con el perfil requerido, habrán de ocupar sus cargos, y rendirán protesta. Es hora de que la sociedad de Aguascalientes exija cuentas. De que los medios de comunicación, las universidades, los colegios de abogados y la ciudadanía en general no permita que esta “simulación democrática”  pase desapercibida.

No se puede seguir señalando la paja en el ojo ajeno mientras se cargue con la viga de la opacidad en el propio. La justicia no es un botín político. Es el pilar fundamental de la convivencia civilizada. Con esta “selección” judicial, se estableció quienes habrán de resolver con sus limitaciones sobre el futuro de la vida, libertad y patrimonio de los hidrocálidos.

En Aguascalientes no necesitamos jueces cercanos a otro poder, necesitamos jueces que encarnen la justicia.