Edgar Obed Márquez Martínez | 14/08/2025 | 16:06
El sistema jurídico mexicano enfrenta un momento sin precedentes. La reforma judicial y la relación que se presume tendrá con el Ejecutivo es solo uno de los temas que generan preocupación e incertidumbre. Aunque los nuevos integrantes del Poder Judicial aseguran que la independencia judicial está garantizada, en los hechos es difícil no leer señales contrarias. No encuentro otra razón para que el Ejecutivo haya pedido a la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación que no discutiera el proyecto sobre prisión preventiva oficiosa, dejando que sea la nueva Corte quien lo resuelva.
Pero ¿qué es exactamente la prisión preventiva oficiosa?
Supongamos que se comete un robo a casa habitación y parte del botín son dólares canadienses. En la investigación, la fiscalía encuentra una huella dactilar en la caja fuerte donde estaban guardados los dólares; esta huella pertenece a la niñera de la casa. Al catear el domicilio de la niñera, se encuentra una cantidad de dólares menor a la robada. Con esos indicios, el Ministerio Público solicita a un juez que vincule a proceso a la niñera —es decir, que inicie formalmente un proceso penal— por considerar que hay elementos razonables para suponer su participación.
Una vez vinculada a proceso, el juez debe imponer una medida cautelar para garantizar que la imputada no se fugue, no obstaculice la investigación y no represente un riesgo para la víctima o los testigos. Nuestro sistema contempla 14 medidas cautelares, que van desde la obligación de presentarse periódicamente a firmar, hasta la prisión preventiva. Esta última implica estar en la cárcel hasta que se dicte sentencia.
La prisión preventiva puede ser justificada, cuando el Ministerio Público acredita ante el juez la existencia de riesgos procesales —por ejemplo, si la imputada amenaza a la víctima o representa un riesgo para los testigos o compra un boleto para salir del país—, o oficiosa, cuando se impone automáticamente por el tipo de delito, sin importar las circunstancias particulares. La ley establece una lista de delitos para los que procede esta medida automática.
En nuestro ejemplo, el robo a casa habitación está en la lista negra y por lo tanto la niñera sería enviada a prisión de inmediato y permanecería ahí hasta el juicio y se decida si es, como dice la canción, culpable o no, aunque al final se demostrara su inocencia ella habría pasado un tiempo en la cárcel. Esto le pasó a Daniel García Rodríguez, quien pasó 17 años en prisión preventiva oficiosa antes de que un tribunal reconociera que el Estado mexicano había violado sus derechos humanos. Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que México debía modificar su legislación para que la prisión preventiva no se aplicara de forma automática, sino solo tras analizar cada caso.
¿Por qué esto es relevante para cualquier ciudadano? Porque es la diferencia entre enfrentar un proceso penal en libertad o desde una celda. La prisión preventiva oficiosa convierte una medida cautelar en un castigo anticipado y, en los hechos, rompe el principio de presunción de inocencia. No se trata de liberar delincuentes peligrosos, sino de evitar que personas sin sentencia —y sin riesgos procesales reales— pierdan años de su vida en prisión.
¿Por qué el Ejecutivo quiere mantenerla? Porque es más fácil encarcelar a un sospechoso automáticamente que demostrar ante un juez la necesidad de privarlo de libertad. Y ¿por qué la actual Corte no quiso discutir el proyecto de la ministra Ríos Farjat, que proponía eliminar la prisión preventiva automática? Tal vez para evitar el golpeteo político que implicaría decidir en contra de la postura oficial. Lo cierto es que, con esta omisión, dejaron que la decisión la tome una Corte recién integrada, cuya independencia está por probarse.
Si México no cumple con la sentencia de la Corte Interamericana, perderemos credibilidad y confianza en el ámbito internacional. La verdadera pregunta es: ¿pondrá la nueva Corte los derechos humanos por encima de la conveniencia política, o descalificará a la Corte Interamericana tachándola de “conservadora y corrupta”?
Cualquiera de nosotros podría ser víctima de un delito y ver cómo las autoridades fabrican una versión heroica para justificar su actuación, o, peor aún, pasar años en prisión sin que se pruebe nuestra culpabilidad. Las reformas institucionales de los últimos años demuestran que no hemos aprendido nada; por el contrario, cada vez tenemos instituciones más débiles que exponen a los ciudadanos a los caprichos del poder en turno.