SLP registra 270 casos de despojo en 6 meses

En San Luis Potosí el despojo de propiedades es un delito que se ha presentado de manera recurrente afectando a un sinnúmero de ciudadanos potosinos. De acuerdo con datos de la incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al segundo trimestre de este 2025 se han registrado 277 casos de despojos en la entidad, un aumento de 17 casos con respecto al mismo período de 2024 donde se prestaron 260 despojos.

De acuerdo a estas cifras, en enero de este año se registraron 33 casos; para febrero subió a 42; en marzo 49; la tendencia al alza continuó en abril con 53; en mayo bajó a 49 y en junio volvió a subir a 51 casos.

En 2024 la entidad cerró con un total de 555 casos, por lo que en lo que va de 2025 ya se llegó a la mitad de la cifra registrada del año pasado.

Notarios, supuestos abogados, falsos agentes inmobiliarios y hasta organizaciones que se dicen de perfil político y comercial han llegado a confabularse para gestar este tipo de abusos en los que se configuran múltiples ilícitos que se vuelven difíciles de perseguir, ya sea por desconocimiento, falta de voluntad o porque representan un alto costo político para las autoridades.

Para muchas de las víctimas, el panorama y las probabilidades de recuperar sus terrenos, departamentos o casas, son poco alentadoras. La prioridad de investigación y castigo pesan en mayor medida sobre los denominados delitos de alto impacto y no en los que son considerados “un asunto entre particulares”, opinan especialistas en leyes.

¿Qué es el delito de despojo?

El delito de despojo se refiere a la ocupación ilegal de un inmueble ajeno mediante violencia física o moral, engaño o de manera furtiva. Este delito puede ser cometido por una persona o grupo de personas, y se considera un delito patrimonial que usurpa la propiedad en perjuicio del propietario legítimo.

Penas por el delito de despojo

Las penas por el delito de despojo en San Luis Potosí varían según la gravedad del delito y las circunstancias en que se cometa. Algunos de los rangos de penas son:

Despojo simple, de 2 a 6 años de prisión para aquellos que ocupen un inmueble ajeno mediante violencia física o moral, engaño o furtivamente.

Despojo agravado, de 6 a 10 años de prisión y multas de 500 a 2000 unidades de medida y actualización para los autores intelectuales o quienes dirijan la invasión o instiguen a la ocupación de inmuebles por un grupo de 3 o más personas.

Despojo reiterado, de 4 a 12 años de prisión y multas de 2000 a 5000 unidades de medida y actualización para aquellos que cometan reiteradamente el delito de despojo.

Denuncias y casos

Recientemente se han presentado denuncias por despojo y tráfico de terrenos en San Luis Potosí, involucrando a notarios y otras personas que presuntamente han falsificado identidades y vendido propiedades ajenas. Al menos hay 14 víctimas de despojo del llamado "Cártel inmobiliario".

Abogados y funcionarios bajo la lupa por fraude millonario

Lo que comenzó como ofertas atractivas de viviendas terminó destapando una compleja red de corrupción en San Luis Potosí, donde abogados, empleados judiciales, ministerios públicos y particulares habrían operado juntos para despojar a familias de su patrimonio.

De acuerdo con los abogados Marco Antonio Barrera y Lorenzo Sánchez Andrade, al menos 14 personas han sido reconocidas oficialmente como víctimas, aunque se sospecha que el número real podría ser mucho mayor. El presunto cerebro de la operación, identificado como Daniel N., habría ideado un mecanismo casi perfecto para despojar de inmuebles a sus víctimas, estudiar su situación, ganarse su confianza y luego iniciar juicios simulados por desocupación o falta de pago, todo con la presunta complicidad de personal del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.

Modus operandi

El fraude operaba así, a los interesados se les ofrecían casas en venta o renta; después, el imputado principal fabricaba demandas y tramitaba juicios ficticios con ayuda de trabajadores de juzgados y ministerios públicos. Incluso, según los testimonios, obtenía copias de las denuncias que las víctimas presentaban, para intimidarlas o presionarlas a entregar bienes en garantía.

Las coincidencias en las historias llevaron a las víctimas a encontrarse entre sí, descubriendo que todos enfrentaban procesos casi idénticos. Ese patrón permitió a las autoridades judiciales solicitar y obtener órdenes de aprehensión contra Daniel N. y Arturo Gael N., quienes ya fueron vinculados a proceso por la jueza Carolina Galicia Benítez, en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia de La Pila. El caso quedó asentado bajo la carpeta 3581/2025.

Congelaron iniciativa para aumentar las penas por este delito

En mayo de 2024, la Comisión de Justicia recibió la iniciativa que buscaba reformar los artículos 227 y 228 del Capítulo IV del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para aumentar las penas en el delito de despojo, de dos a seis años de prisión a quien, por medio de la violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno.

Además, las penas aumentarían de seis a diez años de prisión, y de quinientas a dos mil unidades de medida y actualización, a los autores intelectuales, a quienes dirijan la invasión y a quienes instiguen a la ocupación de inmuebles, cuando el despojo se realice por un grupo mayor de tres o más personas; cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad o más; cuando se simulen actos de autoridad; cuando se utilice documentación falsa; cuando participe un servidor público; y cuando se cometa en contra de un ascendente. La iniciativa quedó en eso, no fue dictaminada.

Apenas "la punta del iceberg"

Los abogados que representan a las víctimas advierten que este apenas es el primer golpe contra la red. La investigación podría alcanzar a más funcionarios y particulares involucrados, conforme avancen las carpetas y se presenten nuevos testimonios. Reconocieron también el papel de la fiscal Manuela García Cázares, cuya labor permitió que los casos fueran desahogados en tiempo y forma, rompiendo un círculo de impunidad que parecía blindado.

Este caso no solo exhibe un fraude inmobiliario; destapa un mal mucho más grave, la colusión entre actores del sistema judicial y delincuentes de cuello blanco. Cuando quienes deberían impartir justicia se convierten en cómplices del despojo, el ciudadano queda indefenso y la corrupción se institucionaliza.

La pregunta que queda en el aire y es inquietante: ¿cuántas redes similares operan aún en silencio, al amparo del poder y la impunidad?