Domingo 17 de Agosto de 2025 | Aguascalientes.
En la actual administración federal encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, uno de los programas más importantes es el Plan Nacional de Vivienda 2024-2030, cuyo objetivo es construir 1.2 millones de viviendas, de las cuales el 50% serán sustentables, además de impulsar la regularización masiva de predios urbanos y rurales. Esta propuesta refleja un compromiso hacia la mejora de las condiciones de vivienda en México, un derecho humano fundamental.
No obstante, los antecedentes históricos en materia de vivienda en México dejan mucho que desear. Instituciones como el Infonavit y el Fovissste han fallado en su misión de proporcionar viviendas dignas y accesibles a los trabajadores. En sexenios pasados, muchos proyectos fueron desviados por corrupción, creando fraccionamientos alejados de servicios públicos y transporte adecuado. Esta falta de planeación y corrupción dejó miles de viviendas vacías, vandalizadas o ocupadas ilegalmente, afectando a las familias que confiaron en estos programas.
El impacto de una vivienda inadecuada es profundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el entorno donde una persona vive influye directamente en su salud física y mental. La falta de condiciones adecuadas puede generar problemas respiratorios debido a la mala calidad del aire, así como afecciones psicosociales derivadas del hacinamiento y la inseguridad. A su vez, los problemas de salud mental como el estrés y la ansiedad son más prevalentes en personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Es crucial resaltar que la seguridad en la vivienda también incide directamente en la productividad laboral. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores que viven en condiciones habitacionales adecuadas y seguras tienen niveles más altos de motivación, mejor salud física y mental, y mayor productividad. Esto se debe a que una vivienda digna genera estabilidad emocional, reduce el estrés y mejora la calidad del sueño, factores que repercuten en un mejor desempeño y menor ausentismo laboral.
El nuevo Plan Nacional de Vivienda tiene el reto de garantizar que la construcción de viviendas no solo responda a las necesidades inmediatas, sino que promueva un entorno adecuado para el desarrollo humano. Este programa debe incluir un enfoque integral que no solo asegure viviendas bien construidas, sino que también contemple la creación de comunidades sostenibles. Es esencial que las viviendas estén ubicadas en lugares con acceso a servicios básicos, transporte adecuado, centros educativos y de salud cercanos, así como espacios recreativos y comerciales, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
La construcción de viviendas debe incorporar la innovación y la sostenibilidad. La tecnología hoy permite la creación de viviendas asequibles, ecológicas y energéticamente eficientes. Proyectos que utilizan materiales sustentables y técnicas constructivas avanzadas están ofreciendo soluciones más económicas con menor impacto ambiental. El World Green Building Council ha señalado que las viviendas sustentables no solo benefician al medio ambiente, sino que también mejoran la calidad de vida de sus ocupantes, reduciendo los costos de energía y mantenimiento.
Sin embargo, el pasado nos ofrece lecciones valiosas. El crecimiento desordenado de zonas urbanas, como el oriente de Aguascalientes, es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se antepone el "costo barato" de la tierra al bienestar de la población. La mala calidad de las calles y la falta de transporte público adecuado han generado problemas sociales como la exclusión y la marginalización de los residentes de estas áreas. Las autoridades deben aprender de estos errores y evitar replicar prácticas que afectan más a las personas.
El fenómeno de la gentrificación nos alerta sobre la necesidad de que las políticas de vivienda no solo busquen ofrecer más casas, sino hacerlo de manera equitativa y sostenible. La gentrificación ocurre cuando la revalorización de los terrenos beneficia a los sectores más privilegiados, desplazando a los más vulnerables. Para evitar este problema, es crucial que el gobierno, las empresas y los organismos internacionales trabajen juntos para ofrecer soluciones habitacionales que no solo respondan a las demandas inmediatas, sino que también contemplen un futuro sostenible para todos.
La vivienda digna no debe verse solo como un bien material, sino como un espacio esencial para el desarrollo social, económico y personal. Garantizar este derecho implica mucho más que la entrega de un inmueble: significa crear un entorno propicio para el bienestar y la convivencia, que promueva la salud, la educación y el acceso a servicios públicos de calidad.
Es momento de que los diversos actores involucrados en el sector de la vivienda, como el gobierno, los sindicatos, las empresas y los organismos internacionales, trabajen de manera conjunta para abordar los retos que enfrenta el país. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, en la que todos los mexicanos puedan acceder a una vivienda digna, accesible y adecuada.
Como bien dijo el filósofo Aristóteles: “La igualdad consiste en tratar de manera igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales, en la medida de su desigualdad.” Este principio debe ser la base sobre la que construyamos nuestras políticas habitacionales, para asegurar que la vivienda digna sea una realidad para todos, sin distinción.
