Domingo 17 de Agosto de 2025 | Aguascalientes.
Gwendolyne Negrete Sánchez | 11/08/2025 | 11:20
El "fraude de paternidad" es el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es un sistema que sigue creyendo que los hombres son dueños de la verdad y las mujeres eternas sospechosas.
La reciente iniciativa del diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) para tipificar como delito el “fraude familiar” por atribución falsa de paternidad ha generado un debate que trasciende lo jurídico y se adentra en terrenos profundamente ideológicos. La propuesta, que contempla penas de uno a cinco años de prisión para quienes “atribuyan falsamente la paternidad biológica”, merece un análisis que vaya más allá de las reacciones viscerales que puedan enmarcarse como feministas únicamente.
El gran teatro de la victimización masculina.
¿El contexto? Un país donde 6 de cada 10 padres se desaparecen de la vida de sus hijos sin consecuencia legal alguna. Donde las madres solteras cargan con el 100% de la responsabilidad económica de la crianza. Donde conseguir una pensión alimentaria es más difícil que encontrar agua en Marte.
Pero el problema, según el legislador, son las mujeres mentirosas.
Desde una perspectiva de derechos, la iniciativa parece responder a casos donde efectivamente se han vulnerado derechos fundamentales de los hombres. El derecho a la verdad biológica, el derecho a no ser obligado a asumir responsabilidades económicas y emocionales basadas en información falsa, y el derecho a la integridad personal son argumentos legítimos que no podemos desestimar desde el feminismo.
La propuesta también busca “proteger el interés superior de la infancia”, al garantizar que los menores conozcan su verdadera filiación, lo cual tiene implicaciones médicas, psicológicas y de identidad que trascienden lo económico.
Un análisis crítico debe señalar las contradicciones profundas de esta iniciativa que se propone criminalizar a las mujeres en un contexto donde el sistema de justicia ya las revictimiza sistemáticamente. ¿Dónde están las iniciativas para criminalizar el abandono paterno, que afecta a millones de niñas y niños en México?
El cinismo político disfrazado de justicia
Esta iniciativa es populismo puro y duro, dirigido a un sector masculino que se siente amenazado por los cambios sociales. Es más fácil culpar a las mujeres “mentirosas” que reconocer que tenemos un problema estructural con la paternidad responsable.
En México, solo el 20% de los padres divorciados cumple con sus obligaciones alimentarias y de responsabilidad en la crianza en tiempo y forma, sin necesidad de estar recordandoles. El 10% cumple parcialmente con la pensión alimenticia o crianza
El 47% de los hogares están encabezados por mujeres jefas de familia. Pero el diputado Núñez prefiere perseguir fantasmas jurídicos que atacar problemas reales.
El problema de fondo: paternidades responsables vs. Paternidades biológicas
Esta iniciativa permite cuestionar la obsesión por la paternidad biológica versus la construcción social de la paternidad responsable. La iniciativa refuerza la idea de que la paternidad se define exclusivamente por los genes, ignorando que la función paterna se construye a través del cuidado, la presencia y el afecto.
Resulta paradójico que en un país donde el 57% de los padres no se hace responsable económicamente de sus hijos e hijas, se proponga criminalizar a las madres que, en muchos casos, han asumido solas la crianza.
¿Desde cuándo criamos hijos con cromosomas? ¿Desde cuándo el amor paterno se mide en porcentajes genéticos?
Miles de padres adoptivos, padrastros y figuras paternas construyen vínculos más sólidos que muchos progenitores biológicos. Pero aquí estamos, legislando como si la paternidad fuera una cuestión de laboratorio y no de vida.
¿No sería más urgente tipificar como delito el incumplimiento de la obligación alimentaria?
Las verdaderas víctimas y además invisibles: las infancias
La iniciativa omite considerar el impacto en las niñas y niños. Un proceso penal contra la madre implica revictimización de los menores, estigmatización y, potencialmente, la destrucción de núcleos familiares donde, independientemente de la biología, se han construido vínculos afectivos reales.
Ver a su madre en la cárcel. Crecer estigmatizado como “el hijo del fraude”. Vivir en un proceso judicial que lo convierte en evidencia.
La iniciativa no protege a los menores: los convierte en armas arrojadizas en una guerra de géneros que no pidieron librar.
Aquí la contradicción más brutal: vivimos en un país donde el feminicidio apenas se investiga, donde la violencia doméstica se minimiza, donde el acoso sexual se normaliza. Pero cuando se trata de supuestas mentiras sobre paternidad, ahí sí hay que ser implacables con la justicia.
¿Dónde están las iniciativas para criminalizar el abandono paterno? ¿Para sancionar penalmente a quien deja de dar pensión alimentaria? ¿Para castigar a quienes ejercen violencia económica contra sus hijos?
Desde una perspectiva de género transformadora, MUJERES JEFAS DE FAMILIA A.C. propone:
Si de verdad queremos justicia, necesitamos:
Primero, un sistema de paternidad responsable que no dependa del ADN sino del compromiso real con la crianza.
Segundo, protocolos de resolución de conflictos de filiación que protejan a los menores y no los conviertan en campo de batalla.
Tercero, persecución real del abandono paterno, que es el verdadero fraude familiar en México.
El feminismo no puede ser ciego ante las injusticias que afectan a los hombres, pero tampoco puede aceptar iniciativas que, bajo el discurso de la igualdad, perpetúan sistemas punitivos que históricamente han oprimido a las mujeres.
La verdadera transformación social no se logra criminalizando comportamientos individuales, sino transformando las estructuras que producen desigualdad. En lugar de más cárcel, necesitamos más justicia; en lugar de más castigo, más corresponsabilidad; en lugar de más punitivismo, más políticas públicas que construyan relaciones de género equitativas.
El debate sobre el "fraude de paternidad” nos invita a repensar los modelos de familia, maternidad y paternidad desde una perspectiva que trascienda lo biológico y construya lo social de manera más justa para todas las personas.
*Gwendolyne Negrete es analista de políticas públicas con perspectiva de género y colaboradora permanente de diversos medios especializados en derechos humanos y equidad.*
