Universidades entre el miedo y la corrección política: ¿quién protege al maestro?

Vivimos tiempos donde una frase, un gesto o una clase mal interpretada puede desencadenar una tormenta mediática. En ese contexto, las universidades (históricamente espacios de reflexión crítica y libertad de pensamiento) se encuentran hoy atrapadas entre el miedo al escándalo público y la presión de una corrección política que, en su versión más rígida, cancela antes de comprender. Y en medio de esa tensión, el docente se ha vuelto el eslabón más frágil de la cadena.

En diversos casos recientes, incluso aquí mismo en nuestro Aguascalientes, instituciones de educación superior han reaccionado de forma precipitada ante señalamientos públicos, ya sea en redes sociales o medios masivos. La sola acusación (con frecuencia anónima, descontextualizada o sin proceso previo) basta para activar mecanismos disciplinarios sumarios que suspenden, sancionan o destituyen a profesores sin otorgarles las mínimas garantías del debido proceso.

La paradoja es inquietante: universidades que enseñan derechos humanos y principios constitucionales, actúan a veces como tribunales sumarios, más preocupadas por su reputación en línea que por la justicia interna. El resultado es un clima de autocensura y temor entre el profesorado, que se ve obligado a filtrar cada palabra, evitar ciertos temas o renunciar a métodos didácticos provocadores por miedo a ser malinterpretado.

Esto no significa negar que existan casos legítimos de abuso o discriminación en el ámbito académico. Estos deben ser atendidos con rigor, sensibilidad y firmeza. Pero precisamente por ello, es indispensable que los procedimientos internos se respeten y se apliquen con imparcialidad. No se trata de proteger privilegios ni encubrir conductas reprobables, sino de preservar un principio fundamental: toda persona acusada tiene derecho a ser escuchada, a defenderse y a un juicio justo.

La universidad, en su esencia, debe ser un bastión de pensamiento libre, no un reflejo automático del linchamiento digital. Ceder ante el ruido mediático sin evaluar pruebas ni agotar instancias internas es abdicar de su responsabilidad ética y jurídica. No hay contradicción entre combatir la violencia simbólica y resguardar los derechos del acusado; por el contrario, ambos deben coexistir para garantizar un verdadero entorno de respeto y equidad.

La pregunta es urgente: ¿quién protege al maestro cuando se convierte en blanco de una narrativa sin contexto? ¿Qué institución alza la voz cuando un educador es condenado en redes sin haber sido escuchado? Si la respuesta es el silencio, entonces estamos ante una crisis que amenaza el corazón mismo de la vida universitaria.

En tiempos de inmediatez y polarización, la valentía institucional consiste no en reaccionar primero, sino en escuchar, investigar y decidir con justicia. Porque proteger al docente no es encubrirlo: es defender el principio de que nadie, ni siquiera quien enseña, está por encima ni por debajo del debido proceso.