Las dos caras de la disculpa: Cuando el poder decide quién debe pedir perdón

En México hemos presenciado recientemente dos espectáculos que, puestos uno junto al otro, revelan la anatomía perversa del poder en nuestro país. Por un lado, figuras públicas como Javier “Chicharito” Hernández y Claudia “Lady Polanco” Mollinedo emitiendo disculpas vacías tras comentarios machistas y clasistas, calculadas para lavar su imagen sin asumir responsabilidad real. Por otro, ciudadanos comunes obligados a humillarse públicamente ante políticos como Gerardo Fernández Noroña y Diana Karina Barreras, en actos que más parecen ejercicios de censura que de justicia.

La comparación no podría ser más reveladora de cómo opera la jerarquía del poder en nuestro sistema: los privilegiados se disculpan sin consecuencias reales, mientras los ciudadanos son sometidos a rituales de humillación pública por ejercer su derecho a la crítica.

Las disculpas del privilegio: vacías pero sin consecuencias

“Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”, declaró Chicharito tras reducir a las mujeres a estereotipos domésticos. La fórmula es perfecta: lenguaje corporativo, transferencia de responsabilidad (“confusión” de otros, no machismo propio) y una notable ausencia de comprensión real del daño causado.

Claudia Mollinedo siguió el mismo guión tras su estallido clasista: reconoció que su reacción fue “desmedida” y que el contenido “fue mal planteado, carente de contexto y emitido con enojo”. Ofreció disculpas “a todos a quienes por cualquier motivo pudo haber ofendido”, como si su desprecio hacia trabajadores fuera una cuestión interpretativa.

Ambos casos comparten elementos idénticos: evasión semántica para no nombrar específicamente sus acciones problemáticas, disculpas condicionales que responsabilizan a quienes se sintieron ofendidos, y un cálculo mediático que busca minimizar el daño reputacional sin cambio real de comportamiento.

Las disculpas forzadas: humillación como espectáculo del poder

Del otro lado del espectro, un ciudadano ofreció una disculpa pública al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por increparlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Carlos Velázquez de León increpó al presidente del Senado el 20 de septiembre de 2024, y según el relato del senador, lo agredió física y verbalmente, por lo que presentó una denuncia.

El resultado: el ciudadano tuvo que leer públicamente “Mis palabras y acciones fueron inaceptables”, mientras Noroña “se retiró del salón sin estrechar la mano”. La frialdad calculada del político contrasta dramáticamente con la humillación impuesta al ciudadano.

Pero el caso más grotesco es el de Diana Karina Barreras, diputada del PT que logró que una ciudadana fuera sancionada por “violencia política de género” tras publicar un mensaje que atribuía sus logros políticos a su esposo. La sanción incluye que la ciudadana debe pedir disculpas públicas durante 30 días, en un acto tan desproporcionado que la propia presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “es un exceso: el poder es humildad, no es soberbia”.

La perversión del discurso de género

El caso Barreras es particularmente perverso porque utiliza el lenguaje de los derechos de las mujeres para silenciar críticas legítimas. La ciudadana se ve obligada a decir: “Te pido una disculpa, dato protegido, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género”.

Esta jerga pseudoacadémica, impuesta judicialmente, no solo es un ejercicio de humillación sino una perversión del feminismo: usar conceptos de justicia de género para proteger el ego de una política que no puede tolerar que se cuestione si su ascenso se debe a sus propios méritos o a su conexión familiar con el poder.

Incluso la propia Barreras admitió posteriormente que “para ella siempre fue suficiente con que se disculpara una sola vez, ni siquiera públicamente”, lo que revela que el espectáculo de humillación fue una imposición judicial, no una demanda de la supuesta víctima.

La jerarquía de la disculpa

Comparar ambos tipos de disculpas revela una jerarquía perversa del poder:

Los privilegiados económicos y mediáticos pueden permitirse disculpas vacías, calculadas por equipos de relaciones públicas, sin consecuencias reales más allá de críticas en redes sociales que pronto se olvidan.

Los ciudadanos comunes que osan criticar al poder político son sometidos a rituales de humillación pública, obligados a usar lenguaje impuesto, filmados para posteridad y convertidos en ejemplos de lo que sucede a quienes no guardan silencio.

La diferencia es que Chicharito y Lady Polanco perpetuaron discriminación real contra grupos vulnerables (mujeres y trabajadores), mientras los ciudadanos sancionados solo ejercieron su derecho constitucional a la crítica política.

El autoritarismo de la susceptibilidad

Noroña defendió la disculpa pública argumentando que “ante agresiones físicas o despojo de sus pertenencias, eso era lo que correspondía”, pero la desproporción entre el supuesto delito y la humillación impuesta revela algo más oscuro: políticos que no pueden tolerar que se les trate como ciudadanos comunes.

Como señala la analista Lourdes Mendoza: “sería oficial que hemos ingresado al escenario donde un ciudadano no puede criticar a un político, aunque la Constitución se lo permita, pero un político sí puede hacer promoción personalizada, aunque la Constitución se lo prohíba”.

Intersecciones del poder autoritario

Desde una perspectiva interseccional, estos casos revelan cómo diferentes formas de poder se entrelazan para crear un sistema donde la clase política se protege utilizando tanto la fuerza del Estado como la retórica de los derechos humanos, pero solo cuando les conviene.

El mismo sistema que permite que personalidades con millones de seguidores minimicen su machismo y clasismo con declaraciones vacías, convierte el ejercicio del derecho a la crítica en delito sancionable con humillación pública.

La normalización del autoritarismo

Lo más preocupante es que estas disparidades se normalizan como si fueran naturales. Aceptamos que los poderosos se disculpen sin consecuencias reales, mientras aplaudimos cuando los ciudadanos son “puestos en su lugar” por políticos susceptibles.

Cada vez que toleramos estas humillaciones rituales, legitimamos un sistema donde el poder político no se ejerce para servir, sino para ser servido. Donde la crítica se convierte en delito y la adulación en virtud cívica.

La democracia requiere ciudadanos que puedan criticar sin miedo y políticos que asuman responsabilidad real por sus acciones. Mientras tengamos lo contrario —ciudadanos humillados y poderosos impunes— seguiremos siendo testigos de esta inversión perversa de la justicia donde quien más poder tiene, menos consecuencias enfrenta.

Esta Columna semanal es sobre la intersección entre género, poder y sociedad en el México contemporáneo.