El caso Vallarta-Cassez es uno de los episodios más lamentables del sistema de justicia penal mexicano. En diciembre de 2005, Israel Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos bajo acusaciones de secuestro. Días después, un operativo transmitido en vivo presentó lo que se suponía era el rescate de tres víctimas y la detención de los presuntos responsables (Vallarta y Cassez), luego se reveló que se trató de un montaje orquestado por las autoridades y difundido por Televisa. Este hecho marcó para siempre el curso del proceso: se contaminó la investigación, se vulneraron los derechos de las víctimas, se violaron garantías fundamentales de los imputados y, hasta hoy, persisten más dudas que certezas. Dos décadas después, no hay una sentencia firme ni claridad sobre los hechos. Lo que sí hay es una profunda deuda del Estado mexicano con la justicia.
Después de 20 años, miles y miles de fojas en los expedientes judiciales, de varias investigaciones periodísticas, documentales y libros, no es posible esclarecer los hechos en los que por lo menos seis personas fueron secuestradas y al menos una privada de la vida. Después de todo este tiempo, de lo único que tenemos certeza es de las violaciones a los derechos humanos.
A las víctimas se les niega el acceso a la justicia. Nunca tuvieron la garantía de que sus denuncias serían investigadas con apego a la legalidad. El proceso fue contaminado por irregularidades tan graves —como el montaje televisado del operativo— que imposibilitaron el esclarecimiento real de los hechos. Se les negó también el derecho a saber qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y qué motivaciones hubo detrás de los crímenes. La manipulación mediática generó una narrativa falsa, y el Estado mexicano nunca logró construir una versión sustentada y verificable.
Otro derecho humano violado a las víctimas fue el acceso a una reparación integral. Este derecho no se agota en compensaciones económicas, sino que incluye reconocimiento público, garantías de no repetición y medidas simbólicas y estructurales. A las víctimas no se les ofreció una disculpa pública ni un proceso transparente que les permitiera sanar con justicia. El Estado falló en garantizar una reparación del daño integral: ni castigo a los culpables, ni acceso a la verdad, ni reconocimiento pleno de su sufrimiento.
Además, las víctimas no tuvieron un proceso judicial imparcial. La injerencia del Ejecutivo, los medios y otros actores en el proceso judicial terminó por desvirtuarlo por completo. Las víctimas fueron, en muchos sentidos, utilizadas por el aparato de propaganda del gobierno y luego desechadas.
En cuanto a los imputados, también fueron objeto de múltiples violaciones a sus derechos humanos. Desde el inicio, se vulneró el principio de presunción de inocencia: fueron presentados ante la opinión pública como culpables mediante un montaje transmitido en vivo, que consolidó su imagen de responsables sin mediar juicio alguno. El derecho al debido proceso fue otro de los pilares quebrantados; la manipulación de pruebas, las declaraciones inconsistentes y las actuaciones obtenidas mediante engaños o bajo coacción anularon la validez de buena parte de la investigación.
La prohibición de la tortura también fue ignorada. En la propia transmisión televisiva se observan actos de violencia contra Israel Vallarta, una práctica que, además de atroz, invalida cualquier confesión obtenida en esas condiciones. Y como si esto no bastara, Israel Vallarta ha pasado cerca de 20 años en prisión preventiva sin recibir sentencia condenatoria. Se violó su derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y el encarcelamiento sin juicio se convirtió, en los hechos, en un castigo sin condena; ya ni siquiera como una pena anticipada.
A ello se suma la imposibilidad de ejercer una defensa adecuada. El contexto general del caso —desde la manipulación mediática hasta el sesgo institucional— colocó a los imputados en una posición de desventaja procesal desde el primer momento, mermando su capacidad de enfrentar el proceso con garantías mínimas.
Este caso nos deja una lección dolorosa: cuando no existen instituciones de procuración e impartición de justicia imparciales e independientes, todos los ciudadanos quedamos en estado de incertidumbre. Cualquiera podría ser víctima de un delito y que, por intereses propagandísticos, las autoridades fabriquen una historia heroica para simular su resolución; o peor aún, pasar décadas en prisión sin que se compruebe la culpabilidad. Las reformas institucionales de los últimos años no han fortalecido el sistema, por el contrario, han dado pie a instituciones cada vez más débiles, expuestas al vaivén de intereses y caprichos del poder en turno. En resumen, no aprendimos nada.
