Miércoles 20 de Agosto de 2025 | Aguascalientes.
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Plano Informativo | 31/07/2025 | 17:22
Aguascalientes, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso contra Christian Alejandro “N”, alias “Pacheco”; Edgar René “N”, alias “Negro”; e Ismael “N”, alias “Piola”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada, cometido en agravio de varios locatarios del Centro Comercial Agropecuario.
De acuerdo con la investigación, desde el 16 de mayo de 2025, los imputados comenzaron a intimidar a comerciantes, identificándose como miembros de una organización criminal. Amenazaron con represalias si no aceptaban vender fruta impuesta por ellos, bajo sus condiciones y precios, generando un ambiente de temor entre los afectados.
A partir del 18 de mayo, los locatarios comenzaron a recibir, en contra de su voluntad, diversas cargas de producto dentro del centro comercial, que en conjunto sumaron aproximadamente 59 toneladas, mismas que se vieron forzados a comercializar bajo amenazas.
Posteriormente, el 10 de junio, Ismael “N” presuntamente exigió pagos bajo el pretexto de una “rifa”, advirtiendo que quienes no cooperaran sufrirían agresiones o incendios en sus bodegas. Incluso entregó una tabla con nombres y montos a pagar por participar en la supuesta rifa.
El 5 de julio, volvió a comunicarse con las víctimas para imponer cobros quincenales con el doble del monto inicial, logrando obtener un total de 197 mil 500 pesos producto de estas extorsiones.
Tras las denuncias, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal realizaron entrevistas, reconocimientos y análisis de patrones delictivos que permitieron identificar plenamente a los tres presuntos responsables y su modus operandi, basado en amenazas, coacción y cobros ilegítimos.
El Ministerio Público adscrito a la Unidad de Combate al Secuestro integró una carpeta de investigación sólida, con pruebas periciales, testimoniales y documentales, lo que permitió judicializar el caso y obtener medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa y justificada.
El juez determinó la vinculación a proceso de los imputados y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, en el que la Fiscalía continuará fortaleciendo el caso para garantizar justicia a las víctimas.
