Domingo 17 de Agosto de 2025 | Aguascalientes.
Gwendolyne Negrete Sánchez | 28/07/2025 | 11:31
El sábado 26 de julio quedará marcado en la memoria colectiva de Aguascalientes como una jornada que desnudó las múltiples capas de violencia que atraviesan nuestro territorio. Más allá de las cifras oficiales —18 detenidos del Cártel Jalisco Nueva Generación en un campamento clandestino en Rincón de Romos, narcobloqueos, vehículos incendiados— emerge una realidad que interpela profundamente nuestra sociedad: la presencia de jóvenes muy jóvenes entre los capturados y el grito desesperado de una madre que reconoce en las imágenes de televisión la posible presencia de su hijo menor de edad, previamente desaparecido, un grito al que empiezan a sumarse otras voces.
Las múltiples violencias que convergen
La perspectiva de género nos obliga a mirar más allá de la superficie mediática para identificar las intersecciones que hacen posible que niños y adolescentes terminen en campamentos criminales. La violencia del narcotráfico no opera en el vacío: se nutre de estructuras previas de desigualdad, pobreza, abandono institucional y, de manera particular, de una construcción de masculinidades tóxicas que presentan la violencia como única vía de acceso al poder y reconocimiento social. Es probable que estas condiciones sean perfectamente aprovechadas para el reclutamiento forzado por parte del CJNG o cualquier otro grupo delictivo.
La maternidad en el centro del dolor
El testimonio de esa madre que busca a su hijo entre los detenidos representa uno de los dolores más profundos y silenciados del conflicto armado mexicano: el sufrimiento de las mujeres que ven desaparecer a sus hijos e hijas en las redes del crimen organizado. Esta mujer encarna la experiencia de miles de madres mexicanas que cargan con la doble violencia de la pérdida y la culpabilización social.
La maternidad, en contextos de violencia extrema, se convierte en una forma de resistencia pero también en un espacio de vulnerabilidad específica. Estas mujeres enfrentan no solo el dolor de la desaparición, sino también los señalamientos que las responsabilizan por “no haber criado bien” a sus hijos, invisibilizando las condiciones estructurales que posibilitan el reclutamiento forzado.
Juventudes en disputa
Los datos son contundentes: según reportes locales, en lo que va de 2025 ya suman 500 menores detenidos en Aguascalientes, principalmente por riñas, lo que evidencia un problema sistémico de violencia juvenil que antecede y alimenta el reclutamiento criminal. La edad de estos menores —entre 12 y 17 años— nos habla de la temprana exposición a dinámicas violentas que posteriormente son capitalizadas por organizaciones criminales.
El género juega un papel fundamental en estos procesos. Los niños y adolescentes varones son reclutados bajo promesas de dinero fácil y reconocimiento social, apelando a construcciones tradicionales de masculinidad que asocian el valor personal con la capacidad de ejercer violencia y obtener recursos económicos. Mientras tanto, las niñas y adolescentes mujeres enfrentan formas específicas de violencia que incluyen explotación sexual y trabajos de menor visibilidad pero igual peligrosidad.
La respuesta del Estado: entre la securitización y la prevención
El operativo que desmanteló el campamento clandestino —con participación de fuerzas federales, estatales y municipales, incluyendo helicópteros— representa el rostro más visible de la estrategia gubernamental. Sin embargo, la respuesta puramente punitiva resulta insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan las causas estructurales del problema.
La perspectiva de género exige que las políticas de seguridad incorporen enfoques diferenciados que reconozcan cómo la violencia afecta de manera distinta a hombres y mujeres, a niños y niñas, a jóvenes de diferentes contextos socioeconómicos. No basta con detener a los implicados; es necesario construir alternativas reales de vida para las juventudes en situación de riesgo.
Hacia una propuesta integral
La jornada violenta del sábado 26 de julio debe servir como punto de inflexión para replantear nuestras estrategias de atención a la violencia. Desde una perspectiva de género, esto implica:
Entender que el reclutamiento criminal se alimenta de la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades reales para las juventudes.
Desarrollar políticas que reconozcan las formas específicas en que la violencia afecta a hombres y mujeres, niños y niñas.
Fortalecer los sistemas de búsqueda y apoyo a las familias de personas desaparecidas, reconociendo el papel central que las mujeres juegan en estos procesos.
Promover modelos de masculinidad que no se sustenten en la violencia como forma de demostrar valor o conseguir reconocimiento social.
Destinar recursos reales a la construcción de alternativas educativas, laborales y culturales para las juventudes en situación de vulnerabilidad.
El campamento desmantelado en Rincón de Romos no era solo un espacio criminal; era el síntoma de un sistema que ha fallado en ofrecer horizontes de vida dignos a sus jóvenes.
Mientras no enfrentemos esta realidad con la seriedad que merece, seguiremos lamentando jornadas como la del sábado pasado, y madres como la que busca a su hijo entre los detenidos continuarán multiplicándose en nuestro territorio.
La violencia del narcotráfico es también una crisis de cuidados, una crisis de masculinidades y una crisis de horizonte social. Solo desde esta comprensión integral podremos construir respuestas realmente efectivas.
