¿Qué nos queda como sociedad si no podemos decir lo que pensamos? La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales más valorados en las democracias. Es la base sobre la cual se construye el debate público, se ejercen los derechos políticos y se fomenta la diversidad de ideas. Sin embargo, aunque su reconocimiento es casi universal en constituciones y tratados internacionales, su ejercicio enfrenta crecientes desafíos en el mundo contemporáneo.
Ejercer la libertad de expresión implica la capacidad de manifestar opiniones, compartir información y cuestionar al poder sin temor a represalias. En esencia, garantiza que toda voz pueda ser escuchada, incluso —y especialmente— cuando incomoda o rompe con la opinión dominante. En una democracia saludable, el disenso no solo se tolera, sino que se valora como motor de progreso social.
No obstante, este derecho no es absoluto. Las expresiones que incitan al odio, la violencia o que atentan contra la dignidad de las personas no están protegidas. Aquí surge una de las tensiones centrales de nuestro tiempo: ¿dónde trazamos la línea entre la libertad de expresión y la protección frente al discurso dañino? Esta tensión es cada vez más visible en redes sociales, medios de comunicación y escenarios políticos polarizados.
En el entorno digital, la palabra se ha democratizado. Internet ha permitido que millones de personas se expresen sin intermediarios, pero también ha dado lugar a fenómenos como la desinformación viral y los discursos de odio amplificados por algoritmos. Las plataformas enfrentan el dilema de moderar sin censurar, de garantizar derechos sin convertirse en jueces arbitrarios.
Además, en diversos países —incluido México— la libertad de expresión se ve amenazada por leyes ambiguas, hostigamiento estatal o presiones económicas dirigidas contra periodistas, activistas o ciudadanos críticos. La autocensura, alimentada por el miedo, se ha convertido en una respuesta frecuente que debilita el espacio público.
Casos recientes ilustran este dilema, El futbolista Javier “Chicharito” Hernández fue duramente criticado y sancionado por comentarios en sus redes sociales personales sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Otro caso que ha generado amplio debate es el del hidrocálido Temach, creador de contenido que aborda temas como las relaciones de pareja y la masculinidad desde una visión tradicional. Pero más allá de compartir o no su perspectiva, es fundamental reconocer que tienen derecho a expresarse libremente.
En pleno siglo XXI, disentir pareciera un pecado y expresar las ideas es castigado si va en contra de la opinión de un grupo de personas. Cancelar o silenciar ideas por ser incómodas sienta un precedente peligroso. La libertad de expresión no es un premio al discurso correcto: es un derecho que protege, sobre todo, a las voces disidentes, incómodas o provocadoras.
Si alguien cruza la línea legal —por ejemplo, incitando a la violencia física— debe responder ante la ley, no ante linchamientos digitales ni campañas de cancelación arbitrarias. Disentir, cuestionar y debatir fortalecen a una sociedad democrática; cancelar, en cambio, la empobrece.
Defender la libertad de expresión implica aceptar la diversidad de ideas y permitir que sea el debate público, no la censura, quien evalúe su valor. Porque si callamos a uno por decir lo que no nos gusta, mañana podríamos ser los siguientes.
Proteger este derecho no solo implica hablar sin miedo, sino también escuchar sin prejuicio. Supone fortalecer medios libres, educar en pensamiento crítico y garantizar que ninguna voz sea silenciada injustamente; es proteger el derecho de todos a cuestionar, proponer y disentir, aunque a veces duela escuchar.
