El proyecto Next Energy ha generado múltiples problemas financieros en las entidades que se atrevieron a apostar por este modelo para generar energía. La falta de permisos en el ámbito federal propició que se avanzara más allá de la infraestructura física y su inversión. Se comprometieron recursos públicos para su aplicabilidad en gobiernos como Baja California, Nuevo León y Aguascalientes.
En el caso de Aguascalientes, actualmente se busca refinanciar y reestructurar el esquema inicial, dada la inoperatividad del mismo, pues —como ha trascendido en medios como Reforma (julio 2024)— el Gobierno central nunca dio el switchpara la interconexión.
Los anticipos se otorgaron a los gestores y promotores, y ahora se exige resarcir los recursos públicos correspondientes. El problema es que, como se ha reconocido en los propios expedientes judiciales, algunos ya se gastaron esos anticipos, y solo queda como salida un endeudamiento para las finanzas públicas.
A este escenario se suma un dato revelador: en junio de 2023, el municipio de Aguascalientes demandó formalmente a Next Energy, solicitando la rescisión del contrato, el reembolso de las cantidades pagadas, intereses y gastos legales —según consta en la causa promovida y difundida en notas locales y nacionales—.
La empresa respondió exigiendo, entre otros puntos, la nulidad de algunas cláusulas, el reintegro de más de 265 millones de pesos y hasta el pago de casi 12 mil millones como compensación por la inversión no recuperada, de acuerdo con los documentos de la defensa legal consultados por la prensa.
Pero no todo quedó en tribunales. La empresa presentó una propuesta de reestructura: pasar de un gran proyecto centralizado a uno de microgeneración distribuida, instalando miles de microplantas y paneles solares tanto en espacios municipales como estatales, y transfiriendo eventualmente la propiedad al gobierno local.
Eso sí, bajo la condición —planteada en las propuestas entregadas a la autoridad— de que tanto el municipio como el estado asumieran los compromisos financieros, incluso utilizando recursos como las participaciones federales o los ingresos por impuesto sobre nómina, previa autorización legislativa.
La propuesta incluye la entrega de la planta fotovoltaica de Cañada Honda y un supuesto reintegro de 947 millones de pesos al municipio, aunque manteniendo —curiosamente— los pagos asociados por más de 12 mil millones, en un plazo ahora reducido a 11 años.
Los firmantes del primer acuerdo urgen para que esta renegociación se concrete y apuestan al endoso de nuevas responsabilidades —y de nuevas debilidades públicas— a quienes valientemente osen refrendarlo.
Podrán ocurrir varias cosas: nuevos actores, nuevos socios y nuevos alcances del proyecto… y algunas cosas, sin duda, se olvidarán.
Pero la deuda, los protagonistas iniciales y las decisiones que los llevaron a firmar sin red de seguridad permanecerán en la memoria colectiva.
Ellos fueron, y seguirán siendo, los artífices del pecado original.
Hasta aquí subió la roca.
