Hay una regla no escrita, pero vigente en la política y los negocios públicos en México: “haz las cosas bien, pero que no parezcan malas”. Y es que, en nuestro país, incluso una acción aparentemente justa —como recuperar un terreno para el patrimonio público— puede quedar enlodada por su contexto, su forma, sus actores y sus omisiones pasadas.
Este es el caso de la Villa Charra de Aguascalientes, donde se pretende construir lo que, al parecer, será el legado más significativo de esta administración estatal: el “Foro de las Estrellas”. En un predio que ha pasado de manos privadas al control gubernamental en un movimiento que levanta más preguntas que celebraciones.
Trasciende (porque no se informa) que la totalidad del terreno de la antigua Villa Charra ha regresado al gobierno del estado. A primera vista, esto podría interpretarse como una victoria jurídica y administrativa. Pero, como decía el clásico: el diablo está en los detalles. Y, en este caso, los detalles llevan años fermentando.
Desde la época del gobierno de Don Refugio Esparza Reyes se arrastraban problemas legales de origen en la compra o posesión del terreno. La propiedad fue expropiada durante su sexenio y, en 1980, por resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, se intervino a favor del propietario, pues el inmueble no cumplía con el objetivo de beneficio social —como parques o jardines públicos— por el cual había sido expropiado. Desde entonces, había vicios en la escrituración, en la titularidad e incluso en la planeación misma del proyecto, que ahora, con su recuperación, parecen ignorarse con una sonrisa institucional.
¿Por qué esto debería preocuparnos? Porque en un contexto de hipervigilancia internacional, como el que impone la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, todo movimiento que involucre grandes recursos, propiedades, transferencias opacas o actores políticos sospechosos —por ejemplo, empresarios o políticos con fortunas de dudosa procedencia, involucrados en los sectores inmobiliario o financiero— puede interpretarse como asociación delictuosa, lavado de dinero o evasión fiscal.
Tamaulipas, no por azar, es uno de los estados más señalados por la OFAC. La vinculación de ciertos personajes del norte del país con negocios millonarios en estados “tranquilos”, como Aguascalientes, genera sombras largas. La inversión de recursos millonarios en terrenos con antecedentes legales turbios puede ser un error no solo administrativo, sino estratégico, en términos de legitimidad y percepción pública.
Además, no olvidemos que en septiembre próximo entrará en funciones una nueva Suprema Corte de Justicia, con magistrados y jueces que, al menos en teoría, podrían revisar sentencias pasadas bajo una lupa distinta: la de la corrupción estructural, las omisiones judiciales y la complicidad entre juzgadores y élites económicas locales. Si esos “errores añejos” se reinterpretan como actos de encubrimiento o colusión, el regreso de un terreno como la Villa Charra podría ser más una bomba de tiempo que una medalla.
Y peor aún: si en este tipo de operaciones se usaron estructuras fiscales para ocultar el origen de los recursos o evadir responsabilidades —como fideicomisos, simulaciones de compra-venta o intermediarios poco transparentes—, la legalidad puede desmoronarse ante un buen peritaje forense o una investigación federal bien llevada. Porque una planeación fiscal opaca no es un delito en sí, pero sí puede ser un instrumento para encubrir delitos.
Este caso es un ejemplo más de cómo, en México, las cosas buenas —como recuperar un patrimonio público— se hacen mal, o al menos se hacen mal ver. La mezcla de errores del pasado, actores con historial cuestionable, opacidad en el uso de recursos y un entorno judicial y geopolítico más estricto puede volver riesgosa hasta la acción más noble.
En este momento en que se intenta limpiar la casa, lo mínimo exigible es que se haga con ventanas abiertas, con expedientes públicos, con auditorías ciudadanas y con transparencia real. Porque, si no, incluso la más loable recuperación puede terminar convertida en el disfraz de una operación sucia.
Hasta aquí subió la roca.
Por: Sísifo
