Aguascalientes, AGS; El Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) expresó su respaldo a la iniciativa presentada por el diputado local Adán Valdivia López, del Partido Acción Nacional (PAN), que busca establecer como agravante el uso de drones y otros dispositivos a control remoto cuando se empleen para actividades que atenten contra la seguridad pública o la privacidad de las personas.
Aunque el legislador argumentó que existen casos de espionaje dirigidos hacia empresarios, la presidenta del CCEA, Irma Patricia Muñoz de León, dijo no tener conocimiento directo de estos hechos, pero coincidió en la necesidad de legislar al respecto. “Es importante por muchos temas, sobre todo por cuestión de seguridad. Los drones no son para estar encima de las casas; es impresionante lo que puede llegar a pasar si se vulnera nuestra privacidad”, expresó.
La dirigente empresarial destacó que estas herramientas tecnológicas deben ser utilizadas para fines lícitos, como el monitoreo de zonas de difícil acceso o para apoyar en operativos contra actividades ilícitas, y no como instrumentos de vigilancia o intimidación hacia particulares. “Deberían usarse en donde se está plantando droga o se hacen actividades irregulares, ahí deberían estar captando”, sostuvo.
La iniciativa presentada propone reformar el artículo 178 Bis del Código Penal del Estado de Aguascalientes, con el fin de endurecer las sanciones para quienes utilicen drones con fines delictivos. Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis y se espera que sea discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso local, que inicia en septiembre.
Cabe señalar que, a nivel federal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya cuenta con regulaciones para el uso de aeronaves no tripuladas, las cuales incluyen registro obligatorio, zonas restringidas y sanciones para quienes incumplan la normativa. No obstante, el CCEA considera que se requiere una regulación penal más clara en el ámbito estatal para garantizar mayor protección a la ciudadanía.
