Las recientes sanciones extranjeras a bancos mexicanos evidencian una verdad incómoda: sin coordinación entre la fiscalización pública y las alertas del sistema financiero, la regulación se vuelve letra muerta.
Desde hace más de una década, el sistema financiero mexicano transita una ruta compleja, por un lado, debe ajustarse a estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; por el otro, enfrenta sus propios fantasmas como la corrupción interna, la impunidad y la débil coordinación institucional.
Lo sé de primera mano. Como servidora pública, he visto cómo este equilibrio se vuelve más difícil conforme crecen las exigencias externas y se mantienen las inercias internas. México, desde su ingreso al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el año 2000, asumió compromisos reales, no solo diplomáticos. Las evaluaciones periódicas del GAFI son técnicas, rigurosas y cada vez más exigentes. Aunque hemos avanzado en regulación, seguimos tropezando en lo mismo, aplicar la ley con eficacia.
La evaluación de 2018 es un ejemplo claro. Se reconocieron mejoras normativas, pero también se evidenció lo más delicado, la brecha entre tener leyes modernas y hacerlas cumplir de manera efectiva. Las investigaciones por delitos financieros son escasas, y las sanciones, aún más.
En paralelo, la banca ha tenido que adoptar los principios de Basilea III, diseñados para fortalecer capital, liquidez y gestión de riesgos. Aunque su enfoque es prudencial, también toca fibras sensibles: ¿cómo se blindan los bancos ante flujos ilícitos que se disfrazan de operaciones legítimas? ¿Cómo evitar que las normas se vuelvan una rutina más, sin impacto real?
Ahí está parte del problema. A veces, lo que debería ser una herramienta de prevención se convierte en una carga burocrática. Una queja constante de los oficiales de cumplimiento, mencionan que hay tanto por reportar que lo importante se diluye. No se trata solo de cumplir; se trata de entender el sentido ético detrás de cada norma.
Y es justo en esa dimensión ética donde seguimos fallando. Tenemos instituciones financieras que reaccionan más por temor a una sanción internacional que por una convicción interna de integridad. Y eso no basta. Se necesita una política de Estado que articule esfuerzos, que conecte a la Unidad de Inteligencia Financiera con las fiscalías, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y otros actores clave. Porque muchas veces, las alertas detectadas por la banca no derivan en investigaciones ni sanciones.
El reciente señalamiento internacional contra instituciones financieras mexicanas, acusadas de facilitar operaciones vinculadas con actividades criminales transnacionales, evidenció esta fragilidad. No fue la autoridad nacional quien detectó el riesgo, sino una agencia extranjera. La consecuencia inmediata fue el congelamiento de operaciones, fuga de clientes, intervención parcial de autoridades locales. El mensaje fue claro, el cumplimiento técnico no es suficiente si no está respaldado por instituciones fuertes y coordinación efectiva.
En este contexto, conviene mirar una dimensión muchas veces ignorada, la fiscalización pública. Las auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los órganos estatales deberían formar parte activa del ecosistema de prevención. No pocas veces, las operaciones inusuales que detecta la banca están vinculadas con contrataciones públicas, fondos federales o recursos etiquetados. Sin embargo, los sistemas no se comunican.
La UIF y los órganos de auditoría trabajan en paralelo, sin mecanismos sistemáticos de intercambio de información. Los hallazgos de una auditoría forense podrían alimentar investigaciones financieras. Y las alertas bancarias podrían servir para auditar contratos o convenios sospechosos. Pero esa intersección sigue sin formalizarse. A nivel internacional, países como Chile, Canadá o los Países Bajos ya han avanzado en este enfoque interinstitucional. México tiene el marco legal para hacerlo, pero no lo ha puesto en marcha.
Porque seamos francos, sin justicia penal efectiva, sin consecuencias tangibles, ningún reporte de operación inusual sirve de mucho. Las estructuras criminales han aprendido a navegar el sistema mejor que nosotros. La simulación empresarial, las redes de corrupción y los vacíos legales siguen vigentes, mientras nosotros seguimos discutiendo lo que ya es evidente en la práctica.
Lo digo con preocupación, pero también con esperanza. Aún podemos corregir el rumbo. La integridad del sistema financiero no es solo un tema técnico ni exclusivo de especialistas, es un bien público. Y cuidarlo requiere pasar del cumplimiento por inercia a una política pública integral, que combine regulación financiera, rendición de cuentas, fiscalización efectiva y justicia real.
Cumplir con los estándares internacionales es necesario, pero no puede ser el fin último. La verdadera meta debe ser recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, en sus bancos y en sus autoridades. Solo así podremos cerrar esa brecha entre norma y realidad.
