Pues que esta semana los contralores del país decidieron venir a Aguascalientes a tomarse la foto y hablar —con voz engolada, PowerPoint en mano y folletito institucional bajo el brazo— de la transparencia y la rendición de cuentas. Hasta ahí, todo bien. El problema es que mientras ellos hablaban de control interno, ética pública y sistemas de fiscalización de última generación… la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les estaba haciendo una radiografía con rayos gamma. Y lo que se ve no es bonito.
Porque resulta que en el informe más reciente de la ASF, el Gobierno de Aguascalientes aparece con una observación de esas que no da gusto presumir en un congreso nacional: apoyos entregados a 114 personas fallecidas y recursos para programas alimentarios destinados a 468 beneficiarios que no estaban ni en el rango de edad. Ya nomás faltaba que apareciera un perro cobrando una beca o una curandera recibiendo subsidio para conectividad.
Pero nadie dijo nada. Nadie levantó la mano. Nadie pidió una explicación. Porque claro: para qué ensuciar el brunch con “detalles técnicos”. Mejor seguimos hablando de lo importante: los “retos de la transparencia en el siglo XXI”.
Fantasmas presupuestales
¿Dónde están las contralorías estatales cuando se entregan apoyos sociales a difuntos? ¿Qué hace el órgano interno de control cuando se detecta un probable daño al erario por 1.7 millones de pesos? ¿Quién, en todo este teatro administrativo, alza la voz cuando los padrones de beneficiarios tienen más errores que la quiniela de un ciego?
Silencio.
Eso sí, todos coinciden en que “se debe fortalecer la coordinación entre entes fiscalizadores” y que “es fundamental promover una cultura de la legalidad”. Puro eslogan de presentación institucional. Pero la realidad es otra: las contralorías locales parecen más oficinas de relaciones públicas que centros de vigilancia real. Auditan, pero no corrigen. Supervisan, pero no sancionan. Y cuando lo hacen, lo hacen tarde y mal.
El fideicomiso misterioso
Aguascalientes recibió en 2024 poco más de 600 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). De esos, 150 millones fueron directo a un fideicomiso para bursatilización, porque no hay nada que diga “gobierno responsable” como jugar a la bolsa con dinero público. El resto se repartió en infraestructura educativa, asistencia social, remanentes y rendimientos financieros. Todo muy técnico, todo muy complejo… todo muy mal ejecutado.
Al final del día, hay recursos que no se comprometieron ni se ejercieron a tiempo y que se tuvieron que regresar a la Tesorería. Y otros tantos que simplemente no se explicaron. Pero tranquilos: ya se promovieron “acciones ante la instancia competente”. Traducido al español: se va a archivar en una carpeta hasta que se nos olvide a todos.
Aguascalientes: sede de la transparencia… pero sólo de nombre
Y aquí es donde el asunto se vuelve tragicómico. Aguascalientes, el estado anfitrión de la reunión de contralores, es el mismo donde la ASF detectó anomalías. Es como organizar una cumbre sobre salud dental mientras uno come mazapanes con los colmillos picados.
¿No se supone que ser sede de una reunión nacional implica poner el ejemplo? ¿No era esta la oportunidad de presumir buenas prácticas, innovación, rendición de cuentas de verdad? Pues no. Lo que vimos fue pura forma y cero fondo.
Epílogo para contralores de ocasión
Mientras el público aplaude y se sirve café de termo con logo institucional, la impunidad sigue viva —más viva que algunos de los beneficiarios que aparecen en los padrones de asistencia social.
Este país necesita menos discursos sobre transparencia y más transparencia sin discursos. Porque si los contralores no ven lo que está frente a sus narices —o no quieren verlo—, no sirven de mucho. Son como faros sin foco: están de adorno, pero no iluminan nada.
Y aunque suene duro, vale la pena preguntarse: ¿Quién controla a los contralores?
Desde El Lunar Azul, donde no hay fideicomisos bursátiles, pero sí memoria larga.
Hasta aquí subió la roca.
