Los recientes cambios a las leyes en materia de seguridad, telecomunicaciones y Guardia Nacional están configurando un sistema de vigilancia masiva intrusiva, desproporcionada e incompatible con los derechos de los ciudadanos, consideró Artículo 19.
En un comunicado, la organización sostuvo que las nuevas facultades otorgadas al Centro Nacional de Inteligencia, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional para acceder a información de usuarios de telefonía prefiguran un sistema de vigilancia con pocos o nulos controles efectivos.
"La Ley de Inteligencia establece que el Centro Nacional de Inteligencia podría acceder sin restricciones a las bases de datos, y la Ley de la Guardia Nacional determina que los militares también tendrán acceso a los datos personales de la población sin controles, se perfila la configuración de un sistema de vigilancia masiva intrusiva, desproporcionada e incompatible con la protección a los derechos humanos", sostuvo.
Si bien, en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se exige control judicial para intervenir comunicaciones privadas, señaló, no se explicita el mismo estándar para la geolocalización en tiempo real o el acceso a datos conservados de las ubicaciones de los usuarios.
"Una redacción tan ambigua deja abierta la puerta para ingresos arbitrarios por parte de distintos funcionarios públicos", advirtió.
En un periodo extraordinario de 10 días, el Congreso consumó cambios a diversas leyes para incrementar las facultades de las instancias policiales de investigación bajo la acusación de la Oposición de que Morena y sus aliados impusieron la creación de un "Estado espía".
Artículo 19, que dio seguimiento al proceso legislativo, externó también su preocupación por el establecimiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como requisito para la contratación de líneas móviles telefónicas y de comercio electrónico.
"Esta disposición, sumada a las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de Desaparición Forzada que imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados, y una Plataforma Única de Identidad para monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real, además de ser discriminatorias ponen en extrema vulnerabilidad los datos de las personas sin el más mínimo control, transparencia ni rendición de cuentas.
"Además, por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que ordena la interconexión entre bases de datos públicas y privadas, las autoridades podrán acceder irrestrictamente a toda la información de una persona para fines compatibles -o no- con los principios democráticos", alertó la organización.
