EN MÉXICO VIVIMOS UN preocupante retroceso democrático que se manifiesta con fuerza en dos frentes esenciales: el derecho a la información pública y la libertad de expresión.
LO QUE ALGUNA VEZ FUE UNA promesa de apertura y transparencia por parte del actual gobierno federal, hoy se desdibuja entre denuncias, censura y actos de represión dirigidos contra voces críticas.
NO ES CASUAL QUE QUIENES HOY detentan el poder, y que en su momento se manifestaron con firmeza contra la censura, hayan adoptado prácticas que antes condenaban.
LA CLASE POLÍTICA AFÍN A LA llamada Cuarta Transformación ha demostrado una creciente intolerancia hacia cualquier forma de disenso.
UN CASO EMBLEMÁTICO ES EL DE la mandataria estatal de Campeche, Layda Sansores, quien logró cerrar el periódico Tribuna, medio independiente que había sido incómodo para su administración.
EL HECHO REPRESENTA NO SÓLO una agresión contra el ejercicio periodístico, sino un mensaje claro de que la crítica no será tolerada.
A ESTO SE SUMA LA RECIENTE denuncia interpuesta contra la actriz y activista Laisha Wilkins por emitir un comentario en la red social X, en el que se refirió como “Dora la censuradora” de forma irónica a Dora Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte.
EL EPISODIO EVIDENCIA UNA tendencia creciente: el uso de herramientas jurídicas como mecanismo de censura y persecución política.
EL CASO DEL PRESIDENTE DEL Senado, el prepotente Gerardo Fernández Noroña, también ilustra esta contradicción. Tras una disputa verbal en un aeropuerto, emprendió acciones legales contra un ciudadano que lo increpó.
EL MENSAJE ES CLARO: LOS ciudadanos ya no pueden expresarse libremente si su opinión resulta ofensiva para algún integrante del poder.
MIENTRAS TANTO, DIPUTADOS Y senadores conservan su fuero y utilizan sus espacios para emitir declaraciones ofensivas, sin consecuencia alguna.
PERO SI UNA CIUDADANA O ciudadano cuestiona, denuncia o critica, puede ser objeto de procedimientos legales, aún cuando ejerza su derecho a opinar.
LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA existe para garantizar que los legisladores puedan expresarse libremente en el ejercicio de sus funciones. No está diseñada para convertirse en una herramienta de impunidad selectiva, ni mucho menos para emprender represalias contra la población.
SIN EMBARGO, LO QUE observamos hoy es una distorsión grave del principio de libertad de expresión: se protege a quienes detentan poder y se acalla a quienes lo fiscalizan.
LO MÁS ALARMANTE ES QUE ESTE deterioro institucional no se limita a estos episodios.
DESDE HACE DÍAS SE DISCUTEN en el Congreso más de veinte iniciativas de ley que podrían tener impactos profundos y negativos sobre los derechos humanos en México.
EL PRÓXIMO PERIODO extraordinario de sesiones se perfila como un punto de inflexión para el estado de derecho en el país.
VALE LA PENA RECORDAR LAS palabras de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial, publicadas el 13 de julio de 2017 en su cuenta oficial de Twitter: “Al triunfo de Morena se va a garantizar el derecho a disentir; nadie será espiado, censurado o reprimido. Habrá libertad de expresión”.
HOY, ESA PROMESA CONTRASTA abiertamente con los hechos.
MÉXICO NO PUEDE PERMITIRSE normalizar la represión contra el pensamiento crítico.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Si ese derecho se vulnera desde el poder, entonces ya no hablamos de una transformación: hablamos de una regresión.
