Menos horas, más presión: ¿reformar el tiempo sin reformar el sistema?
El momento menos oportuno
México atraviesa un momento económico complejo: inflación persistente, aranceles que encarecen la operación industrial, una posible recesión en Estados Unidos y Europa, y una contracción reciente en la manufactura. En medio de este entorno incierto, avanza una reforma estructural: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
La promesa de salarios justos y sostenibles —como lo ha expresado la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del Plan México— enfrenta hoy obstáculos tangibles: inflación por encima del 5%, una alta carga fiscal para las empresas, condiciones restrictivas de financiamiento, y una escasez notoria de incentivos para la inversión productiva. Pensar en reducir la jornada sin transformar el contexto estructural es poner presión sobre un sistema que ya opera al límite. ¿Es viable trabajar menos en un país donde la productividad lleva años estancada y los costos no dejan de subir?
Una comparativa global que no favorece
Los países que han reducido exitosamente su jornada laboral lo hicieron en contextos muy distintos: Alemania y Países Bajos lo acompañaron con fuerte automatización y cultura de eficiencia. Corea del Sur impulsó la reducción en paralelo a un plan nacional de innovación y digitalización. Colombia y Chile aplicaron modelos graduales con subsidios fiscales y capacitación. México, en cambio, avanza hacia una reforma de este calibre sin haber resuelto desafíos estructurales: informalidad laboral, baja inversión en tecnología, infraestructura obsoleta y alta dependencia del mercado estadounidense... justo cuando el proteccionismo y los aranceles vuelven a escena.
Las cifras que exigen realismo
La producción manufacturera cayó 0.9% anual en abril de 2025. La productividad laboral sigue sin recuperar niveles pre-pandemia. La inflación ronda el 5.2% anual, afectando el poder adquisitivo y reduciendo márgenes operativos. Los aranceles de hasta 25% en autopartes amenazan cadenas de valor completas. Más del 80% de nuestras exportaciones dependen de Estados Unidos, una economía que hoy coquetea con la recesión técnica. Y aun así... ¿vamos a producir menos horas, con menos tecnología, y esperar más resultados?
A esto se suma un dato que no debe pasarse por alto: solo en mayo de 2025, México perdió más de 25,000 empleos formales, concentrados en sectores como manufactura, servicios y comercio. Esta tendencia, sin haberse aplicado aún la reforma, evidencia la fragilidad del mercado laboral ante condiciones económicas adversas. Implementar cambios estructurales sin una base técnica sólida podría intensificar aún más esta vulnerabilidad.
Desde la CANACINTRA reiteramos que el sector empresarial no se opone a la reducción de la jornada laboral. Por el contrario, respaldamos su viabilidad como parte de una estrategia integral de bienestar laboral y modernización industrial. Si hasta hoy no ha sido una realidad extendida no es por falta de voluntad, sino por las condiciones adversas que enfrentan diariamente las empresas: una inflación persistente, presión fiscal creciente, falta de incentivos claros, incertidumbre comercial y escasa conectividad con el aparato nacional de innovación, así como una limitada articulación con las instituciones federales responsables del desarrollo tecnológico y económico. Por eso, lo que proponemos no es detener el avance, sino hacerlo de forma realista, gradual y diferenciada, con políticas públicas que acompañen especialmente a las MIPYMEs.
Una industria sin margen para improvisar
Incluso las grandes empresas —con toda su infraestructura— trabajan bajo márgenes fijados por contratos globales, estándares de productividad por hora y compromisos fiscales con sus casas matrices. Cualquier afectación en su capacidad operativa puede generar un efecto dominó en la cadena de proveeduría: si una tractora se detiene, arrastra consigo a decenas o cientos de MIPYMEs que dependen de su estabilidad. Por eso, desde la CANACINTRA, llamamos a una responsabilidad compartida que considere el impacto transversal y proponga soluciones sostenibles.
Reducir la jornada no es una idea inviable. Pero implementarla sin una transformación profunda del modelo industrial es como querer correr un maratón... sin entrenar. Desde la industria se reconoce el valor del bienestar laboral, pero se alerta sobre lo siguiente: en sectores intensivos en mano de obra, como la manufactura, plásticos, textil y agroindustria, la jornada extendida ha sido el eje de cumplimiento operativo. Disminuir ocho horas semanales equivale a perder un turno completo cada seis días, lo que implicaría reconfigurar toda la línea de producción. El 70% de las MIPYMEs no tienen margen financiero para absorber aumentos de nómina sin mejoras equivalentes en productividad o eficiencia.
Además, la experiencia internacional y nacional muestran que cuando los costos operativos superan la rentabilidad y no hay apoyos claros, muchas unidades económicas —especialmente pequeñas— migran hacia la informalidad. Esto no solo deteriora el cumplimiento fiscal y la productividad, sino que amplifica la precariedad laboral y empuja a miles de personas hacia el desempleo o la pobreza. Una reforma sin acompañamiento técnico y financiero puede profundizar desigualdades en lugar de corregirlas.
Esta reforma no puede caminar sola. Debe venir acompañada de un plan integral que contemple inversión, estímulos fiscales y justicia laboral auténtica. En México, la productividad no se eleva con jornadas más largas, sino con bienestar, tecnología y capacitación continua.
En México, un trabajador que percibe entre 10,000 y 15,000 pesos al mes ya está sujeto a impuestos, mientras que en otros países existen subsidios estratégicos para quienes ganan menos, como parte de una política activa de redistribución. Si realmente queremos avanzar hacia un nuevo modelo laboral, es indispensable revisar la estructura fiscal actual —tanto para empleados como para empleadores— y complementarla con incentivos para la inversión, la innovación y el desarrollo de talento.
Cinco acciones para una reforma viable
Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Primero, una implementación gradual por sectores, con esquemas diferenciados para MIPYMEs e industrias estratégicas. Segundo, incentivos fiscales temporales para empresas que inviertan en automatización, reingeniería o gestión del talento. Tercero, formación exprés en eficiencia operativa, digitalización y liderazgo adaptativo, desde las cámaras y el sector académico. Cuarto, mesas técnicas tripartitas (industria–gobierno–trabajadores) para diseñar esquemas funcionales por sector, no generalizaciones. Quinto, una política industrial integral, que deje de legislar por impulso y empiece a construir con base en evidencia, medición y realidad. Y sexto, vincular la implementación gradual de esta reforma con los objetivos del Plan México, asegurando que los salarios dignos vayan acompañados de estructuras viables de productividad y sostenibilidad.
Reflexión final: Si el reloj avanza, que lo haga con estrategia
El reloj institucional ya está en marcha. Si no sincronizamos esta reforma con estrategia, inversión y desarrollo de talento, corremos el riesgo de fracasar en lo esencial: proteger los empleos, sostener la productividad y construir bienestar con base firme y sostenible.
Reducir la jornada no debe ser un tabú. Pero implementarla sin herramientas, sin política industrial real, y en medio de un entorno inflacionario y comercial adverso... es arriesgar mucho en el peor momento. Si México quiere avanzar hacia un modelo laboral moderno, justo, pero también competitivo y resiliente, necesita hacerlo con inteligencia, no con improvisación. Porque si reformamos el tiempo sin transformar el sistema... el reloj no solo nos va a alcanzar. Nos va a rebasar.
Y con él, podríamos dejar atrás miles de empleos, empresas y oportunidades que hoy todavía tenemos la posibilidad de proteger.
