El sector comercio y servicios propuso que la reducción de la jornada laboral sea gradual y se considere por sector y por región del País, para disminuir las afectaciones a las empresas.
En conferencia de prensa conjunta, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y Esperanza Ortega, titular de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dieron a conocer una encuesta en donde advirtieron que 64 por ciento de las personas dueñas de negocios y empresas considera inviable una reducción inmediata de 48 a 40 horas sin afectar su operación.
En tanto que 71.4 por ciento señaló que tendrá aumento en los cotos operativos, aun cuando fuera paulatina.
Mientras que 58.8 por ciento respondió que tendrá dificultades para cubrir turnos o mantener el mismo nivel de servicio.
Octavio de la Torre consideró que reducir la jornada laboral sin medidas de apoyo podría aumentar la informalidad, que ya afecta al 55 por ciento de la población.
"La reducción de la jornada laboral puede representar un avance, pero si se aplica de manera uniforme y sin considerar la diversidad de los sectores -primario, secundario y terciario- el tamaño de los negocios y empresas, podría comprometer la estabilidad de los negocios y el sustento de quienes dependen de ellos", subrayó.
Los presidentes de Concanaco y Canacintra advirtieron que las principales preocupaciones son el aumento de costos laborales incluyendo los impuestos, la afectación a la atención al cliente y la posible pérdida de empleos.
En este sentido, Ada Irma Cruz, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) CDMX, manifestó que si no se toma en cuenta la gradualidad diferenciada, se estima que más de 22 mil 700 unidades económicas podrían cerrar sus operaciones en la capital del País.
Además de la gradualidad sectorial, De la Torre propuso incentivos a la formalidad, fomentando la regularización de empresas familiares con esquemas de apoyo financiero, fiscal, tecnológico.
Además de la creación de un Observatorio de Transición Laboral, con participación tripartita para evaluar y ajustar la implementación con base en evidencia real.
