Hace un par de días, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de reforma legislativa cuyo objetivo es modificar el proceso de designación de los contralores municipales. Este hecho podría representar un punto de quiebre en la lucha contra la corrupción a nivel local, al plantear el fin de los nombramientos unilaterales y poco transparentes que, durante años, han minado la efectividad y legitimidad de los órganos internos de control en los municipios del país.
La iniciativa contempla reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer que la designación de estos funcionarios se realice mediante procesos abiertos, competitivos y con mecanismos de participación ciudadana, lo que permitiría garantizar su independencia frente al poder político local.
Durante décadas, la figura del contralor municipal, responsable de supervisar el uso de los recursos públicos, detectar irregularidades administrativas y promover la rendición de cuentas, ha estado sujeta a prácticas de designación que favorecen el control político y limitan su autonomía. Actualmente, más del 80% de los contralores municipales en el país son designados de forma directa por el presidente municipal o por el cabildo, sin procesos públicos ni convocatorias abiertas, según cifras del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, 2023).
Los mecanismos de nombramiento presentan notables diferencias entre las entidades federativas. Mientras que en algunas el nombramiento se da de forma directa, en otras intervienen instancias distintas a quien propone. Esta falta de uniformidad compromete elementos esenciales para su buen funcionamiento; la posibilidad de contar con contralores “a modo” no solo resta legitimidad a sus decisiones, sino que también debilita la rendición de cuentas y erosiona la confianza ciudadana.
Aunque el dictamen aún debe ser aprobado por el Pleno, una de sus propuestas centrales consiste en que quienes aspiren a ocupar estos cargos sean evaluados con base en su experiencia y preparación técnica. Como era previsible, la iniciativa ha generado reacciones encontradas en el ámbito político. Mientras algunos alcaldes y legisladores la perciben como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad local, otros la consideran una intromisión indebida del Congreso en las competencias municipales.
Más allá de las diferencias políticas, esta reforma se inscribe en un esfuerzo más amplio para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere de manera efectiva también desde el ámbito local. Cabe señalar que, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Mexicana, el 52% de los ciudadanos identifica a los gobiernos municipales como los niveles de gobierno con mayor opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, por encima de los gobiernos estatales y el federal.
Aprobar esta reforma representa una oportunidad significativa para mejorar los mecanismos de control y fiscalización del uso de los recursos públicos en los municipios. No obstante, su verdadero impacto dependerá de que exista voluntad política y presión ciudadana para asegurar su correcta implementación. Nombrar contralores verdaderamente autónomos, con perfiles profesionales sólidos y sin compromisos con los gobiernos en turno, no es únicamente un asunto técnico: es una condición indispensable para construir instituciones más transparentes, responsables y cercanas a la ciudadanía.
Hoy más que nunca, cuando la sociedad demanda resultados tangibles en el combate a la corrupción, avanzar en la profesionalización y autonomía de los órganos de control locales se presenta como una de las decisiones más urgentes y necesarias para restablecer la confianza en nuestras autoridades.
