El proceso electoral del pasado domingo no solo dejó mal parado al sistema de justicia: le asestó un golpe a la democracia y una herida profunda a la República. Se pretendía vestir de legitimidad popular la elección de jueces, magistrados y ministros; sin embargo, lo que vimos fue una operación de control político, no un ejercicio de ciudadanía.
No hubo voto libre ni informado. En muchos casos, las personas acudieron a las urnas con un "acordeón" en la mano, donde ni siquiera venían los nombres de los candidatos por los que debían votar. ¿Cómo hablar de sufragio efectivo si ni siquiera se sabía a quién se elegía? ¿Cómo sostener que el pueblo eligió si lo hizo sin saber por quién?
La narrativa oficial afirmaba que más de 35 millones de mexicanos exigían la reforma judicial. Pero si esa voluntad era tan firme, ¿por qué no se tradujo en participación electoral? La abstención masiva revela la falsedad del argumento: la gente no se sintió convocada por una reforma que no entiende, no comparte o simplemente no cree.
Se nos dijo que esta elección serviría para desterrar el nepotismo. La realidad mostró lo contrario. Ganaron quienes estaban en las acordeones de los poderosos, los amigos, los familiares, los compromisos políticos. No se rompieron los pactos de siempre; solo cambiaron de manos.
Pero el daño más grave es que con esta elección se profundiza la demolición de la República. Un régimen republicano exige la existencia de poderes autónomos, capaces de limitarse mutuamente. Hoy, el Ejecutivo domina el Legislativo, ha desaparecido organismos autónomos y ahora somete al Judicial. ¿Dónde está el contrapeso?
El nuevo poder judicial será inexperto, ilegítimo, frágil y agradecido. No puede haber justicia independiente cuando se llega al cargo por cuotas y no por méritos. No puede haber división de poderes cuando uno solo impone la agenda y reparte las sillas.
La democracia no puede reducirse a una fila de acarreados con boletas y acordeones. Y la República no puede sobrevivir si el único poder real es el del Ejecutivo. El último bastión institucional era el INE, y su prestigio también ha sido puesto al servicio de una simulación. Esta elección socava la legitimidad que el Instituto construyó durante los pocos años en que la democracia echó raíces en México. En ese tiempo, el INE representó una conquista ciudadana: era confiable, autónomo, respetado. Hoy, ni siquiera fuimos los ciudadanos quienes contaron los votos. Y no solo el gobierno federal ha traicionado esa vocación democrática: también los gobiernos locales, aprovecharon la coyuntura para colocar a sus allegados en cargos judiciales, traicionando los valores que alguna vez dijeron defender. En La Historia de México, ya tienen su sitio reservado junto a los Yunes: símbolo de la instrumentalización del poder para beneficio propio.
Se habló de llevar la justicia al pueblo, pero lo que realmente vimos fue cómo el acarreo se convirtió en método de designación judicial. En lugar de transparentar y democratizar el acceso al poder, se fortalecieron los mecanismos de control y subordinación. Ya no se convocó a ciudadanos críticos, sino a votantes disciplinados. Así, la democracia y la república se vacían de contenido y quedan reducidas a un decorado institucional, útil solo para fingir pluralismo donde ya no hay contrapeso alguno.
Lo más alarmante es que todo este desmontaje institucional fue refrendado en las urnas, como si la legalidad del voto pudiera justificar el desmantelamiento de la democracia. A este ritmo, en los cuarenta años que amenazan con quedarse en el poder, ya no quedará país que gobernar ni instituciones que defender, solo borregos que acarrear a las urnas.
