Domingo 17 de Agosto de 2025 | Aguascalientes.
Dr. José Antonio Quintero Contreras | 31/05/2025 | 09:45
El escenario hídrico que hoy enfrenta México es alarmante. En lo que va del 2025, más del 70% del territorio nacional presenta condiciones de sequía en diversos grados, según el Monitor de Sequía de CONAGUA. Estados clave para la producción agrícola como Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Durango y Sonora están siendo duramente golpeados por la falta de lluvias, lo que compromete no solo las cosechas, sino también el abasto de agua potable para millones de personas.
En este contexto, el caso de Sinaloa destaca por su gravedad y por lo que representa en términos de seguridad alimentaria para el país. Este estado, líder nacional en la producción de maíz blanco —esencial para la dieta básica de millones de mexicanos—, enfrenta una de las peores sequías de su historia reciente. De acuerdo con el informe técnico de la CONAGUA del 23 de mayo de 2025, las 12 principales presas del estado, cuya capacidad total de conservación asciende a 15,840 millones de metros cúbicos (Mm³), almacenan apenas 1,010 Mm³, es decir, solo el 6.4% de su capacidad útil.
Este nivel de almacenamiento es crítico y amenaza con colapsar el ciclo agrícola primavera-verano, comprometiendo más de 500,000 hectáreas de riego en una de las regiones más productivas del país.
Frente a esta emergencia, la verdadera catástrofe es la orfandad institucional con la que se intenta hacerle frente. México carece hoy de un mecanismo funcional para responder de manera eficaz, rápida y coordinada ante fenómenos climáticos extremos. Esto es consecuencia directa de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en octubre de 2020, tras la aprobación de la extinción de 109 fideicomisos por el Congreso de la Unión.
¿Qué era el FONDEN y por qué importaba?
Creado en 1996 mediante decreto presidencial, el FONDEN fue una herramienta financiera clave para atender emergencias derivadas de huracanes, sismos, inundaciones, incendios forestales y sequías. Su estructura ágil —un fideicomiso sin estructura burocrática adscrito al Ramo 23— le permitía movilizar recursos entre 3 y 10 días tras una declaratoria de emergencia, sin requerir la aprobación del Congreso para cada evento.
Entre 2010 y 2019, el FONDEN asignó más de 115 mil millones de pesos para atender más de 800 declaratorias en todo el país. Por ejemplo, durante la prolongada sequía de 2011-2012 que afectó el norte del país, se destinaron recursos extraordinarios a Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. En 2017, tras los sismos de septiembre, el fondo movilizó más de 37 mil millones de pesos, brindando atención inmediata en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y Ciudad de México.
El argumento oficial para eliminar el FONDEN fue combatir la opacidad y posibles actos de corrupción. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya auditaba el uso de estos recursos, y su extinción no ha sido acompañada por un mecanismo alternativo. Hoy, ante cualquier emergencia, los recursos deben gestionarse dentro del Presupuesto de Egresos aprobado anualmente, lo que implica trámites burocráticos prolongados y deja a los estados y municipios a merced de la voluntad política y disponibilidad presupuestal.
En el caso de Sinaloa, los apoyos federales para enfrentar la sequía podrían tardar semanas o incluso meses, cuando las decisiones críticas deben tomarse en cuestión de días para evitar pérdidas irreversibles.
La Secretaría de Hacienda ya no puede transferir recursos de manera expedita sin incurrir en subejercicios o sin enfrentar restricciones del marco legal actual. Como resultado, los gobiernos estatales deben improvisar soluciones, redirigir presupuestos originalmente destinados a otros rubros o esperar acciones paliativas desde la federación, muchas veces insuficientes y descoordinadas.
México necesita recuperar un mecanismo institucional que le permita actuar con eficacia ante la creciente amenaza del cambio climático. No se trata de revivir el FONDEN tal como era, sino de construir un nuevo Fondo Nacional de Emergencias y Adaptación Climática basado en tres pilares fundamentales:
La crisis climática no es una hipótesis futura; ya está aquí y golpea con más fuerza cada año. Las sequías, los incendios, las tormentas intensas y los sismos no esperan a que se aprueben partidas presupuestales ni a que se organice una gira presidencial. Requieren instituciones fuertes, respuestas inmediatas y financiamiento oportuno.
Porque si el agua es vida, entonces también lo son las políticas públicas que la protegen. En este momento histórico, lo que está en juego no solo son cosechas o reservas hídricas, sino la seguridad alimentaria, la salud pública y la estabilidad social de todo un país.
(*) Ex Secretario Técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República
Instagram: @TonyQuinteroC
