El Poder Ejecutivo pidió a la Suprema Corte de Justicia abstenerse de fijar un criterio definitivo sobre la aplicación de la prisión preventiva, con el argumento de que los Ministros y Ministras electos este domingo son quienes deberían resolver.
"Dada la relevancia del criterio que se fijará en dicho expediente y atendiendo a que el 1 de septiembre de 2025 las Ministras y Ministros electos por voto popular tomarán protesta en el cargo, se solicita respetuosamente al Pleno de la Corte retire el proyecto de resolución listado para que su estudio, discusión y eventual resolución, sea realizado por la integración que derive de las elecciones que renovarán al Poder Judicial de la Federación (PJF)", dice la petición.
El escrito fue presentado el lunes pasado por Raúl Jiménez Vázquez, Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), pero por ahora, el caso no ha sido retirado de la lista.
El asunto es un expediente para que el PJF ejecute una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que en enero de 2023 ordenó a México dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, prevista en el Artículo 19 de la Constitución.
Desde noviembre de 2023, el Ministro Jorge Pardo repartió un proyecto que proponía que sólo se aplique la prisión preventiva justificada, es decir, que los jueces decidan caso por caso si la persona debe estar recluida mientras se le juzga.
Se trata de un proyecto particularmente preocupante para el Gobierno porque puede ser aprobado con seis votos, es decir, las tres Ministras afines a Morena no podrían bloquearlo, al no requerir votación calificada de ocho.
Durante una mañanera del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador se llegó a advertir que 68 mil acusados por delitos graves serían liberados, no obstante que el criterio propuesto sólo llevaría a una audiencia para que se revise, en cada caso, si se justifica que sigan presos.
El asunto fue listado para sesión el 23 de enero de 2024, pero desde entonces se ha aplazado, ante presiones del Gobierno federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y las fiscalías, tanto FGR como estatales.
Esta semana, el expediente llegó a ocupar el cuarto lugar en la lista del Pleno, pero ahora está en el noveno, y a partir de junio la Corte ya sólo tendrá sesiones públicas los martes, hasta la última prevista para el 12 de agosto.
Eso quiere decir que al Pleno sólo le quedan nueve sesiones, y este asunto es por mucho el más importante que aún podrían resolver los siete Ministros y Ministras que ya renunciaron y dejarán sus cargos el 31 de agosto.
Morena y sus aliados en el Congreso aprobaron una reforma al Artículo 19, publicada el pasado 1 de abril, que prohíbe "cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial".
Esta reforma busca dificultar que la Corte logre la mayoría de seis votos necesaria para matizar la aplicación de la prisión preventiva, y se desconoce si ya tuvo impacto en el proyecto de Pardo.
