Los minerales empleados en la electrónica de consumo, así como la basura generada después del ciclo de vida de estos, forman parte de la cadena de contaminantes que arrastra al planeta y a la humanidad hacia su propia extinción.
De acuerdo con la ONU, la extracción y procesamiento de materiales, combustibles y alimentos son responsables de la mitad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y de más del 90 por ciento de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico.
Un informe de Leandro Navarro, presidente de la junta directiva de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), señala que un teléfono inteligente contiene materiales de extracción compleja como oro, cobalto, neodimio (elemento de tierras raras) o litio.
Y aun así, las ventanas de lanzamiento de celulares, la obsolescencia programada, las marcas e influencers que incentivan el consumo o promueven sumergir los dispositivos en cuerpos de agua dulce sin considerar el posible daño a los ecosistemas, persisten.
El problema se intensifica al momento de desechar o reciclar correctamente un dispositivo inteligente al final de su vida útil, ya que los mecanismos que orientan a empresas y consumidores a reducir su huella ambiental son escasos o inexistentes, comentaron expertos en temas ecológicos a Grupo REFORMA.
Según el Global E-Waste Monitor 2024, México generó alrededor de 1.5 millones de toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en 2022, pero aproximadamente el 3.5 por ciento fue recolectado de manera adecuada. El mismo documento indica que se producen anualmente 11.8 kilogramos de RAEE por habitante.
Antonio Franyutti, director general de la consultora Circularis, expuso que la cultura del reciclaje de residuos electrónicos en México está en una etapa incipiente. Aunque hay avances en algunos sectores urbanos y esfuerzos institucionales, el conocimiento general sobre el manejo adecuado de estos desechos sigue siendo limitado.
"Muchos ciudadanos almacenan estos equipos en casa, los venden en mercados informales o los tiran junto con la basura común, debido a la falta de información, infraestructura y, sobre todo, cultura de reciclaje", comentó el especialista.
Entre los mecanismos que urgió el vocero figuran el diseño de instrumentos de política basados en una legislación específica para RAEE, ya que actualmente no existe una ley federal que regule integralmente estos residuos. Si bien la NOM-161-SEMARNAT-2011 clasifica ciertos RAEE como residuos de manejo especial, su alcance es limitado.
También propuso ampliar la responsabilidad extendida del productor, es decir, que los fabricantes se hagan responsables del ciclo completo del producto, desde el diseño hasta su disposición final y establecer una infraestructura pública y privada de acopio. Se requiere una red nacional de centros accesibles para la recolección y reciclaje certificado.
Asimismo, sugirió impulsar la conciencia circular mediante educación y campañas públicas, fomentando una cultura de consumo responsable y reciclaje desde la educación básica, media y superior, así como en el ámbito comunitario.
Por su parte, Jorge Arturo Calderas, consultor en Estrategia Circular MX, subrayó el derecho a la reparación tanto dentro como fuera de la garantía legal, garantizando a las personas usuarias acceso a refacciones, manuales técnicos, herramientas y software para reparar por cuenta propia sus dispositivos.
"En Europa, ya se garantiza este derecho a través de la Directiva sobre normas comunes para el fomento de la reparación de bienes, que se adoptó el 13 de junio de 2024 y entró en vigor el 30 de julio del mismo año", indicó el consultor.
Otra propuesta consiste en obligar a las empresas de productos eléctricos y electrónicos a proporcionar a los consumidores información clara, visible y comprensible, generalmente mediante un puntaje o semáforo, sobre la vida útil estimada y la reparabilidad del producto al momento de la compra.
Para transparentar el origen de los materiales, el impacto ambiental y las recomendaciones de disposición de cada artículo, planteó el uso de un pasaporte digital de producto (DPP, por sus siglas en inglés), representado por un código QR o de barras.
A estas medidas se suman los distintivos de circularidad, un instrumento impulsado por el Gobierno de la CDMX que obligaría a las empresas a eliminar el uso de envases, empaques y embalajes innecesarios, así como a garantizar reparaciones, renovaciones y actualizaciones, además de exigir componentes estandarizados para facilitar estas acciones.
"México necesita una infraestructura para la gestión integral de los RAEE, además de políticas públicas y coordinación entre actores clave. Se podría retomar la experiencia peruana de RECOLEEC como modelo para fortalecer las estrategias de reutilización y reciclaje, promoviendo una economía circular", apuntó Calderas.
Miriam Macías, socia y gerenta del Centro Mexicano de Ecología Industrial, enfatizó que muchos de los materiales presentes en los equipos tecnológicos pueden reincorporarse a los procesos productivos si existen mecanismos adecuados para su recuperación. En resumen, según la experta, la clave está en fortalecer una economía circular.
"Hasta ahora, el País no cuenta con una regulación ni con una estrategia a nivel de Gobierno federal en relación con la economía circular. Es cierto que se presentó una iniciativa de Ley de Economía Circular que no ha prosperado y lleva varios años detenida en el Senado", acusó.
Ante la falta de un marco federal, los gobiernos estatales han desarrollado instrumentos legales y de política pública, pero, según Macías, esto dificulta que las empresas estandaricen sus procesos de disposición electrónica.
Pese al panorama adverso, la consultora espera una pronta intervención gubernamental tras el reciente anuncio de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat.
"Se requeriría de un trabajo coordinado entre el sector público a nivel federal, subnacional, el sector privado, la academia y las organizaciones no gubernamentales", concluyó.
