El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida a nivel mundial. Este consumo ocasiona de forma directa más de 60 enfermedades, como: cirrosis hepática, pancreatitis, alcoholismo, 7 tipos de cáncer y daño neurológico. En México, seis de las diez principales causas de muerte están relacionadas con el consumo de alcohol.[1] Encabezan la lista las enfermedades del corazón, con un 24.2%, seguida por tumores malignos (11.3%), enfermedades del hígado (4.9%), accidentes (ahogamientos, intoxicaciones, lesiones no intencionadas, etc.) (4.8%), enfermedades cerebrovasculares (4.4%) y agresiones (homicidios, 3.8%). Por otro lado, preocupa el vínculo entre el alcohol y la violencia generada en contextos familiares, sociales y comunitarios. En uno de cada tres casos de violencia de género o intrafamiliar, el agresor había consumido alcohol. Esta sustancia actúa como desinhibidora, reduce el control de impulsos y favorece la aparición de conductas agresivas.
Para analizar las políticas públicas más eficaces frente a esta crisis de salud, se llevó a cabo el Foro Internacional “Hacia una política nacional de alcohol: situación actual, retos y oportunidades”. En él participaron académicos, investigadores y especialistas nacionales e internacionales, quienes compartieron experiencias exitosas de regulaciones de alcohol en distintos países, así como su impacto en la salud, la economía y el desarrollo, con el objetivo de sentar las bases para una política nacional de alcohol en nuestro país.
Alberto Gómez de la Oficina de OPS en México, mencionó: “el alcohol tiene un impacto negativo en la salud de las personas, ya que tiene un efecto tóxico en los órganos y tejidos del organismo. Es un factor de riesgo para diferentes tipos de cáncer, principalmente cáncer de hígado, laringe y oral. Por otro lado, también afecta la salud mental: genera sentimientos de tristeza, desesperanza, melancolía y deficiencia cognitiva. Se estima que el riesgo de intento de suicidio aumenta 37 veces tras un episodio de consumo excesivo. Asimismo, se ha observado que las y los adolescentes que inician un consumo temprano de alcohol suelen ser más agresivos y violentos, ya que no tuvieron un desarrollo adecuado en su cerebro”. Alberto Gómez de OPS.
La ingesta de bebidas alcohólicas es un problema de salud pública que se tiene que atender de forma directa. En la actualidad se cuenta con diversos instrumentos internacionales, como el Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol 2022-2030[2] y el paquete SAFER[3] de la Organización Mundial de la Salud, que establecen las medidas de política pública más costo-efectivas para reducir estos daños.
Por su parte, la Dra. María Elena Medina-Mora afirmó: “En México, la población adulta presenta altos índices de consumo excesivo de alcohol: 40% en general y 19% en los últimos 30 días. Es importante destacar que existen diferencias biológicas que hacen a las mujeres más susceptibles. Ellas desarrollan dependencia más rápido y mueren más pronto. Además, son víctimas de violencia relacionada con el consumo de alcohol por parte de los hombres. Por otro lado, además de enfrentar los mismos obstáculos que los hombres que impiden que reciban atención, como las barreras actitudinales, se ven limitadas por su rol de cuidadoras, Por otro lado, la violencia ejercida sobre ellas también limita sus oportunidades de denuncia o de inicio de tratamiento. Sus problemas de salud relacionados con el alcohol difieren de los masculinos, lo que exige enfoques diferenciados en la atención, Medina Mora.
El aumento de impuestos, las medidas para controlar la disponibilidad del alcohol ( como la regulación de lugares de venta, días y horarios) y la prohibición de la publicidad y el mercadeo de bebidas alcohólicas son las medidas más costo-efectivas para reducir los efectos nocivos derivados del consumo de su consumo.[4],[5],[6] Sin embargo, este no es un camino sencillo, ya que existe evidencia internacional sobre como la industria alcoholera ha intervenido en distintos países para obstaculizar la implementación exitosa de estas políticas.[7],[8]
Al respecto, Bert Bruys de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE) mencionó: "Hay muchas políticas impositivas y no impositivas que son útiles y pueden desempeñar un papel importante para reducir el consumo de alcohol. El instrumento más potente probablemente sea la política fiscal, ya que el aumento de precios podría generar una disminución en el consumo. México necesita una reforma en favor de la salud. La cerveza es más barata en México que en el promedio de otros países, y los destilados también son muy económicos en comparación. Esto produce un consumo muy elevado. El diseño de los impuestos al alcohol en México es incorrecto. México no tiene un impuesto específico por contenido de alcohol, solo grava el valor del producto. Básicamente, el sistema tributario actual incentiva a los productores a fabricar bebidas más baratas, que normalmente son de menor calidad y pueden ser más dañinas. El sistema de impuestos debe rediseñarse completamente, de tal manera que se incrementen los precios de las bebidas"
Por lo anterior, Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) hizo un llamado directo al gobierno federal para que asuma su responsabilidad e impulse de manera decidida una política nacional integral que limite la disponibilidad del alcohol, prohíba su publicidad y promoción —especialmente aquella dirigida a niñas, niños y adolescentes—, y aumente significativamente los impuestos como estrategia de reducción del consumo y mitigación de daños.
Proteger la salud pública requiere decisiones firmes, basadas en evidencia científica y libres de toda influencia comercial. La relación entre el alcohol y la carga de enfermedad, muerte prematura y desigualdad no es mera percepción ni un debate ideológico: es una emergencia sanitaria documentada que exige una respuesta inmediata, coherente y ética por parte del Estado mexicano.
