La Suprema Corte de Justicia rechazó intervenir en dos casos relacionados con el abogado Juan Ramón Collado Mocelo.
La Primera Sala de la Corte notificó hoy que, en sesión privada del 21 de mayo, sus integrantes determinaron que ninguno de los expedientes tienen relevancia jurídica que amerite su intervención extraordinaria, por lo que deben ser resueltos por tribunales colegiados.
Defensor en varios casos célebres desde la década de los 90, y una de las personas más cercanas al ex Presidente Enrique Peña Nieto, Collado estuvo preso entre 2019 y 2023 por cargos como fraude fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, y actualmente reside en España.
Uno de los asuntos rechazados por la Corte es un amparo directo promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que busca mantener viva una acusación de fraude contra Collado, por las estrategias legales que emprendió a finales del sexenio de Peña para desbloquear 40 millones de euros depositados en Andorra.
Instancias inferiores han determinado que no hay elementos para vincular a proceso a Collado por esta acusación.
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Corte atraer, pero ahora, el fallo final lo dictará el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
El otro caso es la denuncia de Collado contra varios abogados, por una supuesta extorsión de Julio Scherer Ibarra, cuando era consejero jurídico del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La extorsión habría consistido en que el Gobierno federal le daría la libertad a Collado, entonces preso en el Reclusorio Norte, a cambio de vender la Caja Libertad al empresario Julio Villarreal, un amigo de muchos años de Scherer.
Collado denunció a los litigantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau, de haber sido intermediarios de Scherer.
Sin embargo, tanto un juez de primera instancia como un tribunal de apelación resolvieron que no hay elementos para procesar a los denunciados, aunque se dejó a FGR la posibilidad de seguirlos investigando, por lo que todas las partes tienen amparos pendientes.
En este caso, la atracción fue solicitada a la Corte tanto por Collado como por la FGR, y una vez rechazada, el asunto queda en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Dicho tribunal iba a resolver en abril pasado, pero la FGR promovió a última hora el impedimento de dos de sus tres magistrados, alegando un supuesto conflicto de interés, que debe ser aclarado por otro tribunal colegiado.
