Viernes 30 de Mayo de 2025 | Aguascalientes.
En esta inédita, apresurada y desordenada, como dirían en Aguascalientes, “reborujada”, elección de juzgadores que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio, además de inconformidades, quejas y sorpresas, quizá estemos presenciando una lección importante sobre el ejercicio de la democracia en México. Hasta ahora, solo los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel federal como local, se habían sometido al proceso de elección popular.
Hace unos días, conversando con una abogada muy competente, formada en una de las universidades representativas del pensamiento neoliberal, pero ferviente admiradora de la Dra. Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, me hizo una reflexión provocadora:
¿Son realmente indispensables los partidos políticos en nuestro sistema democrático actual?
Vale la pena recordar que, para este 2025, los partidos políticos nacionales recibirán en conjunto más de 11,000 millones de pesos de financiamiento público, según el Instituto Nacional Electoral (INE). Recursos que, como contribuyentes, los ciudadanos aportamos con la expectativa de fortalecer la vida democrática, pero que en no pocas ocasiones terminan gestionados como patrimonio personal de pequeños grupos que controlan esas estructuras partidistas.
Desde hace años, la partidocracia se ha convertido en una suerte de negocio familiar o de camarillas. Máquinas de chantaje político recordemos al Partido “del Tucan”, con sus recurrentes maniobras para negociar posiciones a cambio de votosy fungiendo como agencias de colocación para dirigentes millonarios o allegados a las cúpulas de poder, que reducen a estas importantes organizaciones públicas (sostenidas con nuestros impuestos) a simples feudos.
Una lección trascendente de este proceso, me decía la abogada, es que en estricto sentido, ningún partido político participa formalmente en la elección de juzgadores del próximo 1 de junio. Aunque es sabido que todos estarán atentos, movilizados y buscando incidir en los resultados, legalmente no deberían siquiera asomarse al proceso. Y ahí radica una oportunidad.
¿Podemos imaginar un sistema democrático en México sin el lastre de estas dirigencias partidistas, muchas de las cuales han traicionado su razón de ser?
Hoy en día, ser candidato independiente en México es un camino casi imposible, sobre todo en lo federal. En las elecciones de 2024, ningún aspirante independiente logró aparecer en la boleta presidencial, pues de los ocho interesados, ninguno reunió las 961,405 firmas requeridas en al menos 17 entidades federativas. El que más firmas logró, Eduardo Verástegui, apenas alcanzó el 14.47% del total requerido.
Para las diputaciones federales, solo dos candidaturas independientes fueron registradas oficialmente por el INE, y ninguna candidatura independiente logró participar para el Senado. Esto evidencia un diseño institucional que, lejos de facilitar, obstaculiza el acceso de ciudadanos sin partido a los espacios de representación popular.
Sin embargo, esta elección de juzgadores abre una ventana de oportunidad. Demuestra que se pueden organizar procesos de selección popular sin la intervención forzosa de los partidos políticos. Quizá sea momento de cuestionar seriamente el modelo actual y exigir reformas que permitan a los ciudadanos acceder a candidaturas sin el aval de los partidos tradicionales.
En estos tiempos de mujeres al frente y de ruptura de paradigmas, ¿por qué no exigir que los partidos evolucionen?Que no sigan siendo refugio de intereses oscuros, clientelas políticas y negocios disfrazados de estructuras democráticas.
Ojalá también los partidos políticos, sus consejeros y las dirigencias formales vean en esta elección inédita, un espejo que les refleje la urgente necesidad de evolucionar y adecuarse a los nuevos tiempos. No solo en la forma de seleccionar candidatos, sino en la manera de rendir cuentas, asumir responsabilidades y reconectar con una ciudadanía cada vez más escéptica y agraviada.
Más aún, urge establecer filtros rigurosos para quienes aspiren a cargos de elección como verificaciones patrimoniales, antecedentes fiscales, revisión de nexos familiares y vínculos públicos, fiscalización de origen de recursos y escrutinio ciudadano. No para vetar ideologías, sino para garantizar perfiles honestos y capaces.
De otro modo, seguiremos atrapados en un sistema donde, como tristemente ocurre, cada vez más gobernantes y funcionarios son señalados por sus vínculos con grupos delictivos, sin que los partidos que los postularon asuman responsabilidad alguna.
Ahí está la oportunidad. Ojalá la aprovechemos.
“Alguien luchó por tu derecho al voto. Úsalo”: Susan B. Anthony
