Domingo 17 de Agosto de 2025 | Aguascalientes.
En Aguascalientes, esa tierra de vino, mujeres hermosas y gobiernos con más creatividad contable que sentido común, ha aterrizado una nueva modalidad de simulación fiscal: la célebre “obra pública financiada”. Y no, estimado lector, no es una importación nórdica de eficiencia escandinava, sino un truco de prestidigitación fiscal digno de House of Cards… pero versión provincia.
Resulta que el Congreso local —ese honorable club de siestas legislativas y selfies en comisiones donde no pasa nada— aprobó una reforma a la Ley de Obra Pública para permitir la contratación de obra sin que se registre formalmente como deuda. Una verdadera obra maestra de la contabilidad creativa: ¿para qué endeudarse a la vieja usanza, cuando puedes “financiar” y pagar después, en abonos chiquitos, con intereses grandotes y con cargo al contribuyente que ni se ha enterado? Una jugada magistral, como quien mete la factura debajo del tapete… pero en versión institucional.
El truco no es nuevo: se firman convenios con empresas privadas para construir escuelas, hospitales o el parque acuático prometido en campaña (que nunca llega en administración) y se paga con recursos de ejercicios fiscales futuros. Todo, claro, con la anuencia de un Congreso más dócil que gato de rancho, que a todo dice “sí, señora” sin leer las letras chiquitas. En materia de fiscalización, el Congreso de Aguascalientes trabaja menos que los elevadores del IMSS en hora pico.
Lo más simpático —o trágico, según se mire— es el nulo debate público que se le dio al tema. Mientras la ciudadanía sigue entretenida con videos de candidatos bailando mal en TikTok y debates sobre si Odiame Más levantará la cuarta copa, nadie cuestiona cómo este esquema compromete recursos públicos de futuras administraciones, atando las manos de quienes lleguen en 2027 y condenando a las finanzas estatales a un eterno “abonos chiquitos para pagar poquito… pero para siempre”. Así de elegante.
Según la versión oficial, todo se hace para “agilizar procesos” y “reducir burocracia”, que en el léxico político mexicano suele significar “evadir controles, esconder números y repartir contratos a discreción”. Y para no faltar al decoro, ahí está la Ley de Asociaciones Público-Privadas de Aguascalientes, ese barniz legal que disfraza simulaciones de modernidad.
Veremos qué dice la Suprema Corte, que ya se ha hecho costumbre de enmendarle la plana a este Congreso apresurado, plagado de asesores que cobran pero no piensan. Porque aquí, como siempre, se legisla en lo oscurito, haciendo cosas malas que parecen buenas… o viceversa.
Para rematar, nuestros ilustres diputados locales —que por cierto ostentan la segunda menor productividad legislativa del Bajío, apenas superados por sus primos de Zacatecas— continúan aprobando figuras sin auditoría, sin evaluación de impacto financiero a largo plazo, sin consulta pública y sin que ni siquiera las cámaras empresariales se enteren. Bueno, salvo el compadre del compadre, que casualmente trae la constructora de moda.
Y no olvidemos que si algo presumía quien hoy despacha en Palacio de Gobierno era el “cero deuda pública”. La ironía es que será en 2027 cuando el karma fiscal le pase la factura a quien hoy jura gobernar con austeridad. Porque aquí en Aguascalientes, no se endeuda… se “financia”. Y como decía mi abuela: el que paga por abonos, acaba debiendo dos veces.
Así, entre simulaciones legales, deuda disfrazada y un Congreso más gris que martes de enero, este estado se sube al tren de la ingeniería fiscal creativa. Y claro, todo por el bien del pueblo… que ni se entera.
Hasta aquí subió la roca…
