El 1 de junio de 2025, México vivirá una elección inédita: la ciudadanía podrá votar directamente por jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial como parte de la nueva Reforma Judicial. Para muchos sectores, este proceso ha generado controversia, preocupación y desconfianza. Existen dudas legítimas sobre la conveniencia de elegir, mediante voto popular, a quienes deben impartir justicia con autonomía, técnica y apego al derecho. Sin embargo, más allá de estar o no de acuerdo con la reforma, hay una certeza que no debe perderse de vista: la democracia se defiende con participación, incluso —y especialmente— cuando no se coincide con el rumbo que toma el sistema político.
Es en este contexto que la observación electoral ciudadana cobra un valor fundamental. Aun si no compartimos la naturaleza del proceso, ejercer el derecho a observar, vigilar y denunciar irregularidades se convierte en un acto de compromiso cívico y en una forma activa de proteger las instituciones democráticas que aún tenemos.
El desacuerdo con una política pública o una reforma no justifica la apatía ni el abandono del terreno cívico. Por el contrario, cuando una decisión del Estado pone en riesgo los principios fundamentales de la república —como la independencia judicial o el equilibrio de poderes—, lo que corresponde es una respuesta activa de la ciudadanía.
Ser observador electoral no significa respaldar el proceso. Significa poner atención, documentar lo que ocurre, identificar riesgos y, sobre todo, dejar constancia de que la sociedad está atenta. Es una forma de resistencia pacífica, legal y profundamente democrática, de la que Coparmex ha sido testigo durante 30 años, siempre con la consigna de aportar datos y evidencias valiosas para identificar áreas de oportunidad.
La presencia de ciudadanos independientes observando el proceso tiene un efecto disuasivo sobre prácticas ilegales como la compra de votos, la coacción o la manipulación de resultados. Cuando se sabe que hay ojos críticos atentos, se elevan los costos políticos y sociales de intentar fraudes.
En lugar de quedarnos en el terreno de la especulación o el rumor, la observación permite recopilar datos reales y verificables. ¿Hubo equidad en las campañas? ¿Se usaron recursos públicos para promover candidatos? ¿Se respetaron los tiempos y formas? Estas preguntas pueden ser respondidas con evidencia si hay observación ciudadana organizada.
Convertirse en observador electoral es un proceso accesible y abierto a cualquier ciudadano mayor de edad. El Instituto Nacional Electoral (INE) habilita convocatorias para acreditarse formalmente. Esto permite asistir a capacitaciones, recibir materiales informativos y tener acceso a las casillas el día de la elección para vigilar, reportar o documentar el debido proceso.
Elegir directamente a los integrantes del Poder Judicial plantea muchas interrogantes legítimas: ¿podrán los ciudadanos evaluar perfiles jurídicos con criterios técnicos? ¿Cómo se evitará que los jueces respondan a intereses partidistas? ¿No se debilita la independencia judicial al someterla al voto popular?
Estas preguntas deben seguir discutiéndose. Pero, mientras tanto, la elección está en marcha, y el peor escenario sería permitir que transcurra sin vigilancia, en la opacidad o en la indiferencia ciudadana. El descontento no debe traducirse en inacción. Por el contrario, este es el momento de asumir con mayor firmeza nuestro rol como garantes de la democracia.
La democracia no es unanimidad; es participación y constancia.
Es legítimo disentir. Es sano cuestionar las decisiones del poder. Pero lo que distingue a una democracia de un régimen autoritario no es la ausencia de conflictos, sino la manera en que se procesan. Cuando hay elecciones libres, acceso a la información, derecho a la crítica y posibilidad de involucrarse en la vigilancia del proceso, todavía existen herramientas para defender el orden democrático.
El observador electoral, en este escenario, no es un espectador pasivo. Es un ciudadano comprometido que, aunque no esté de acuerdo con el guion, decide no abandonar el escenario. Porque sabe que, si no lo ocupa él, lo ocuparán otros, con menos escrúpulos, con menos apego al derecho y con más intereses en juego.
El 1 de junio puede ser un día tenso, incierto, incluso frustrante para quienes creemos en la necesidad de un Poder Judicial autónomo y profesional. Pero también puede ser una oportunidad para demostrar que la ciudadanía mexicana no renuncia a su papel histórico. Ser observador electoral en esta elección no es avalar el proceso, es vigilarlo. Es ejercer un derecho, cumplir un deber y enviar un mensaje claro: la democracia no se regala; se defiende con participación, con conciencia y con dignidad.
