El Sistema Penitenciario Federal trasladó al ex Alcalde de Iguala José Luis Abarca del Penal del Altiplano, en el Estado de México, al Centro Federal de Reinserción Social Número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila.
Las autoridades federales llevaron a cabo el traslado desde el pasado 30 de abril, según un informe rendido por la Dirección del Altiplano a Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca.
Esta es la primera vez que Abarca cambia de prisión, desde que en noviembre de 2014 fue detenido en la Ciudad de México.
El ex Edil había presentado un amparo ante Duarte Cedillo contra las autoridades del Altiplano por no proporcionarle atención médica especializada en gastroenterología, crujía vascular, nefrología, nutrición, psiquiatría, odontología, oncología, endocrinología, medicina interna y traumatología.
Debido a su traslado a la prisión de Coahuila, la juzgadora desechó o sobreseyó su demanda, ya que ahora dejó de estar sujeto a las autoridades de la cárcel de alta seguridad de Almoloya de Juárez.
"Por tanto, la reparación del actuar omisivo de la autoridad responsable,no se han concretado en la esfera jurídica del (quejoso), ni se concretarán, en virtud de la modificación de su entorno jurídico, derivado de su traslado del CEFERESO Número Uno 'Altiplano', al CEFERESO Número 18, "CPS Coahuila", ejecutado el 30 de abril de 2025", acordó la juez, al desechar el amparo.
"En tal virtud, lo que procede es decretar el sobreseimiento con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, en relación a la fracción XXII, del artículo 61, ambas de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables".
Si bien el acuerdo consultado no precisa los motivos del traslado, por lo regular las autoridades penitenciarias llevan a cabo estos cambios por criterios administrativos, relacionados con la saturación de las cárceles o posibles conflictos entre internos.
Abarca está sujeto a 4 procesos penales, uno de ellos por lavado de dinero por la presunta adquisición con dinero ilícito de 31 inmuebles en Guerrero durante el 2011, por un valor total de 8 millones 330 mil 878.91 pesos.
Otro por delincuencia organizada, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, señalada como la responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En uno más fue sentenciado a 92 años y 6 meses de prisión por el delito de secuestro en agravio de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular.
En el 2023, sin embargo, un tribunal federal lo absolvió por falta de pruebas del delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México. Desde entonces, ambos permanecen presos.
