El Día del Maestro en México no es una fecha cualquiera. Es una jornada de memoria, reivindicación y reconocimiento al gremio que sostiene, con esfuerzo cotidiano, los pilares del presente y futuro del país: las maestras y los maestros. No obstante, su conmemoración ocurre regularmente en un contexto de tensiones y protestas, derivadas de una compleja realidad estructural que aqueja al sistema educativo mexicano.
La escucha activa y el reconocimiento del magisterio como agente central del cambio educativo, sin duda, siempre ayudarán a vislumbrar el rumbo en la relación Estado-magisterio. A diferencia de administraciones pasadas, el gobierno actual ha mostrado una disposición clara hacia el diálogo, la escucha activa y la valoración del magisterio como motor indispensable de transformación. Frases como "la educación pública es la mejor de todas las educaciones en nuestro país gracias a los maestros y maestras de México” no son simplemente retóricas: representan un viraje ideológico que sitúa a la educación pública como eje estratégico del desarrollo nacional.
Este posicionamiento adquiere relevancia en un país que, durante décadas, relegó el sistema educativo al vaivén de intereses económicos y políticos, implementando reformas laborales y administrativas disfrazadas de transformaciones pedagógicas. El caso paradigmático fue la reforma al ISSSTE de 2007, que convirtió las pensiones solidarias en cuentas individuales administradas por Afores, condenando a generaciones de docentes a jubilaciones precarias. El gobierno actual ha reconocido esta deuda histórica y ha abierto la puerta para revisar una legislación que afecta a más de 3.2 millones de trabajadores en activo y 1.3 millones de jubilados, según cifras oficiales del Ejecutivo federal.
No obstante, sería un error caer en el triunfalismo. La administración de Claudia Sheinbaum ha heredado un sistema educativo profundamente desigual, fragmentado y con rezagos estructurales históricos. Según datos del INEGI (2022), el 18 % de las escuelas de nivel básico carece de agua potable y el 12 % no cuenta con sanitarios funcionales. Esta situación convierte la tarea docente en una proeza diaria, especialmente en comunidades rurales, indígenas y marginadas. Frente a estos desafíos, la crítica no debe ser destructiva, sino propositiva. Si bien la presidenta ha mostrado sensibilidad y voluntad política, el tamaño del reto requiere una estrategia integral, interinstitucional y de largo plazo.
El reciente conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha puesto a prueba la postura del gobierno. El anuncio de un aumento salarial del 9 % fue recibido con escepticismo por el magisterio, debido a la falta de claridad sobre si se aplicará al salario base o a las prestaciones. Esta diferencia no es trivial, pues tiene implicaciones directas en las pensiones y derechos laborales de largo plazo. Aquí es donde la actitud del gobierno destaca. Lejos de recurrir a la criminalización de la protesta o al desgaste político —como ocurrió en sexenios anteriores—, la presidenta ha optado por mantener la cabeza fría, tender la mano y abrir espacios de negociación. Su mensaje ha sido claro: "de ninguna manera vamos a afectar al magisterio", reafirmando así el compromiso con el respeto y la búsqueda de soluciones conjuntas.
Este enfoque representa una evolución en la forma de gestionar los conflictos educativos en México. La confrontación ha dado paso al diálogo; la imposición, a la construcción colectiva. Y aunque los acuerdos aún no se han concretado del todo, el simple hecho de reconocer al magisterio como interlocutor legítimo es un avance esencial. Más allá de los aspectos salariales y contractuales, el bienestar docente debe convertirse en eje transversal de toda política educativa. Esto implica repensar no solo las condiciones materiales del trabajo, sino también los contextos sociales y emocionales en los que se ejerce la docencia. La violencia escolar, la discriminación de género, la sobrecarga administrativa y la falta de acompañamiento institucional son factores que minan la motivación y la salud mental del profesorado.
Programas de formación continua, mecanismos de apoyo psicológico, incentivos para la innovación pedagógica y garantías de seguridad en zonas conflictivas son algunas de las acciones que pueden fortalecer este enfoque. Además, debe impulsarse una descentralización real que permita atender las particularidades culturales, lingüísticas y geográficas de cada región del país.
En el fondo, la lucha del magisterio y la respuesta del gobierno actual abren la posibilidad de construir una nueva narrativa educativa en México: una en la que el docente no sea visto como un obstáculo a vencer, sino como un aliado a potenciar; en la que las reformas no se diseñen desde escritorios lejanos, sino a partir del conocimiento profundo del aula, la comunidad y la experiencia pedagógica.
Claudia Sheinbaum ha dado pasos valientes en esta dirección. Sin embargo, lo esencial será mantener esta apertura como principio rector de su administración. Escuchar, dialogar, corregir cuando sea necesario y gobernar con empatía son atributos que, aplicados al ámbito educativo, pueden marcar un antes y un después.
