Activistas alertan sabotaje legal en protección de La Pona

Aguascalientes, AGS; El colectivo ambientalista Alianza por la Defensa de la Naturaleza en Aguascalientes denunció públicamente un intento de sabotaje al juicio de amparo ambiental contra el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y exigieron transparencia total en el caso de La Pona, una de las últimas áreas verdes urbanas del estado.

De acuerdo con el colectivo, el proceso legal ha sido bloqueado mediante la presentación de al menos nueve recursos judiciales sin fundamento legal, promovidos por una abogada de Guadalajara en nombre del biólogo Luis Fernando Gallardo Cabrera, quien no forma parte del juicio de amparo. Esta maniobra, acusan, ha provocado un retraso en la resolución judicial, mientras crece el riesgo de que se otorguen permisos o inicien obras que afecten de forma irreversible el territorio.

“Lo que está en juego es el futuro ecológico de Aguascalientes y la defensa de nuestra naturaleza”, advirtió el comunicado, en el que el colectivo también rechazó el uso de procedimientos judiciales para frenar la protección ambiental.

La Alianza también reiteró su oposición al POEL aprobado en 2023, el cual -señalan- fue impuesto sin participación ciudadana efectiva, con información limitada y modificaciones que favorecen intereses inmobiliarios, incluso en zonas previamente clasificadas como de conservación. Particular preocupación genera el riesgo para especies como la ranita de madriguera, especie protegida presente en el área.

En cuanto a La Pona, el colectivo acusó la posibilidad de negociaciones a puerta cerrada entre autoridades y los propietarios del predio, a pesar de las promesas públicas de protegerlo como área natural. “La Pona no se negocia. Se protege”, subraya el comunicado.

Frente a esta situación, exigen:
- Que se aclare quién está detrás del sabotaje judicial.
• Que no se otorguen permisos mientras el juicio sigue activo.
• Que se transparente toda negociación relacionada con La Pona.

La Alianza también hizo un llamado directo a los tres niveles de gobierno. A la Federación y a la presidenta Claudia Sheinbaum, le demandan garantizar que las autoridades federales no se conviertan en cómplices de intereses privados. Al Gobierno Estatal y a la gobernadora Tere Jiménez, le exigen suspender cualquier autorización en tanto el juicio no concluya. Y al gobierno municipal, encabezado por Leo Montañez, le piden abrir la información y proteger efectivamente las áreas naturales.